El Gobierno no ha dejado clara su posición respecto a la propuesta de Junts de sancionar a las empresas que no regresen a Cataluña tras su marcha por el 'procès'. Una posición medida con el objetivo de «respetar» y no perjudicar la negociación que está en marcha con Junts para la convalidación de varios decretos leyes. Así lo indican fuentes de Moncloa, que insisten en que están negociando, sentados a la mesa con el partido del expresidente Carles Puigdemont y lo seguirán haciendo «hasta el último minuto».
A pesar de que queda solo un día para que los decretos se voten en el pleno del Congreso de los Diputados, en el Gobierno son optimistas y confían en llegar a un acuerdo que salve la votación. Por el contrario, dan por perdido el posible apoyo del PP y consideran que el principal partido de la oposición ya ha fijado posición y votará 'no'.
Al ser cuestionada sobre la posición del Ejecutivo sobre sancionar a las empresas, la portavoz y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, se ha limitado a repetir que el Gobierno «siempre» da la máxima seguridad jurídica a las empresas españolas. A pesar de que ha sido preguntada en cuatro ocasiones sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha llevado a cabo este martes en La Moncloa, Alegría no ha llegado a aclarar si el Gobierno rechaza la iniciativa propuesta por Junts, cuyos votos son imprescindibles para alcanzar la mayoría necesaria.
PRUDENCIA PARA QUE LOS ACUERDOS FRUCTIFIQUEN
«Siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas», se ha limitado a asegurar Alegría, que ha añadido que este Gobierno «se ha caracterizado» tanto en la anterior legislatura como en la actual porque da «seguridad jurídica» a las empresas del país, al ser preguntada al respecto sobre la propuesta de Junts, uno de los socios de investidura del Ejecutivo.
«Echando mano a la propia hemeroteca y de la gestión del Gobierno en la legislatura pasada, damos siempre seguridad jurídica a nuestras empresas, y este ha sido nuestro sello», ha abundado. Fuentes gubernamentales admiten que las palabras utilizadas por la portavoz estaban medidas y defienden que para que los acuerdos fructifiquen es necesaria la prudencia.
Esta misma mañana, el portavoz de Junts, Josep Rius, ha afirmado que su partido contempla que las empresas que trasladaron su sede de Cataluña por el 'procés' «puedan ser sancionadas» si no vuelven.
En una entrevista en la cadena SER Cataluña recogida por Europa Press, también ha señalado que las empresas que vuelvan o aquellas que mantuvieron su sede en Cataluña podrían beneficiarse de «incentivos fiscales».
«CAPRICHO» DEL PP
Por otro lado, el Gobierno da por perdida la posibilidad de lograr el apoyo el PP a los decretos, a pesar de que en los últimos días se han producido conversaciones entre las dos partes. Fuentes de Moncloa consideran que el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo ya ha fijado su posición y no cuentan con su apoyo.
Feijóo había establecido tres condiciones para abstenerse en el decreto anticrisis, uno de los tres que se votan este miércoles en el Congreso: incluir la carne, el pescado y las conservas en la rebaja del IVA de los alimentos, extender la rebaja del IVA de la luz y el gas al 5% durante los próximos meses y deflactar el IRPF para rentas medias y bajas. Sin embargo, el Gobierno no se ha mostrado abierto a aceptar ninguna de ellas.
Por el contrario Feijóo ha señalado que si el decreto anticrisis no es convalidado y decae, presentará iniciativas en el Congreso para salvar algunas medidas. A este respecto, fuentes gubernamentales avisan al PP que si dejan caer el decreto se derogan importantes medidas para la ciudadanía. Además recuerdan a Feijóo que debe tramitar las iniciativas como proposiciones de ley en el Congreso, con los plazos dilatados que eso implica.
A este respecto, Pilar Alegría ha lanzado reproches al señalar que los 'populares' «deberían acostumbrarse al diálogo» y ha deslizado que la negativa a apoyar sus decretos es «un capricho. Es muy difícil de comprender que digan que votan que no, para posteriormente llevarlo a un futuro debate al Congreso de los Diputados», ha recriminado.
NEGOCIAN CON PODEMOS
En la misma línea la portavoz ha insistido en que están en juego medidas «fundamentales para muchos millones de españoles», como las pensiones, la rebaja del transporte público, la rebaja del IVA o los 10.000 millones de fondos europeos que dependen de esa votación.
Por tanto, dice que sería deseable que el PP tuviese un comportamiento «corresponsable» y una actitud «constructiva» si quiere trabajar en beneficio de los ciudadanos, más allá de la ideología. «Estamos hablando de medidas que favorecen a la vida de los españoles y españolas y creemos que desde la oposición también se puede dar respuestas», ha insistido.
Finalmente, al ser cuestionada sobre si están negociando con Podemos, cuyos votos también están en duda, Alegría ha afirmado que «es importante hablar con todos» y que confía en poder aprobar los decretos.