La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha condenado el acuerdo alcanzado este miércoles sobre el pacto migratorio europeo, impulsado por la presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE), porque, a su juicio, «elimina el derecho al asilo»: «Somos un pueblo de acogida, no de odio», ha publicado en la red social X, antes Twitter. Rego ha lamentado que finalmente se hayan cumplido sus temores con este acuerdo y ha reivindicado las medidas que desde Izquierda Unida defienden parar permitir la entrada segura de migrantes en la Unión Europea.
Vías legales y seguras de acceso, un reparto equitativo de los flujos migratorios entre todos los países miembros, suspender los acuerdos de retorno con terceros países y la no criminalización de los barcos y las ONG de salvamentos son algunas de las acciones que ha citado la ministra. Ha subrayado la necesidad de eliminar las devoluciones de personas en las fronteras: «Debemos garantizar el estudio de las solicitudes de manera individualizada para asegurar una atención personalizada a cada una. Esto es clave en casos de tortura, trata...», ha puntualizado.
Y, sobre el acuerdo alcanzado, ha recordado que el derecho internacional obliga a garantizar el derecho al asilo: «Un país no puede rechazar, pagando, la acogida de las personas migrantes. Debe existir un compromiso obligatorio de solidaridad entre todos los miembros de la UE», ha criticado.
En sentido parecido se ha manifestado, en la misma red social, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, que ha asegurado que el nuevo pacto «es la negación del derecho al asilo y está siendo celebrado por las extremas derechas». «Es una oportunidad perdida para nuestro país y para Europa. Los valores europeos no pueden ser a la carta», ha lamentado.
La UE ha logrado este miércoles cerrar este acuerdo, con el que pretende gestionar de manera previsible y ordenada los flujos de inmigrantes a su territorio y que deberá aún ser formalizado y adoptado en el primer semestre de 2024, antes de las elecciones del próximo junio. Entre otras medidas, incluye un nuevo mecanismo de solidaridad obligatoria para aliviar la carga de solicitudes de asilo de los países de entrada y, según este sistema, los Estados miembros podrán elegir entre la reubicación de los solicitantes de asilo en su territorio o el pago de contribuciones financieras.