El Pacto de Estado contra la Violencia de Género daba cinco años para cumplir 290 medidas encaminadas a mejorar la respuesta del Estado contra las violencias machistas: concluido ese plazo, se han culminado el 65,5 %, el 29,3 % está en camino pero incompletas, el 3,2 % se han incumplido y el 2 % no han sido evaluadas. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha hecho pública este jueves la primera evaluación de cumplimiento del Pacto, que se aprobó con una vigencia de cinco años (2017-2022) y cuyo compromiso político fue renovado en las Cortes en 2021.
El Ministerio de Igualdad ha informado de que 190 medidas ya se han cumplido (65,5 %), 85 están en proceso (se han dado pasos para su consecución, pero no se han culminado), 9 continúan pendientes y otras 6 no han sido objeto de la evaluación realizada al no ser competencia de la Administración General del Estado. La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha defendido que este grado de cumplimiento demuestra «el compromiso firme y la acción decidida» tanto del Gobierno como del ministerio durante la pasada legislatura: en 2019 había 75 medidas cumplidas y 51 pendientes y ahora, 190 cumplidas y 9 pendientes.
Entre las medidas culminadas, la ampliación del concepto de violencia contra las mujeres, ley de garantía integral de la libertad sexual, la suspensión las visitas de los padres maltratadores o la interrupción de las visitas a prisión de niños y niñas cuyos padres estén condenados por violencia de género. Frente a las 190 medidas conseguidas, en nueve no se ha dado ningún paso para su consecución: ocho son competencia del Ministerio de Justicia y la novena, de Sanidad y las comunidades autónomas.
Son relativas a cuestiones penales y procesales: Suprimir las atenuantes de confesión y de reparación del daño en los delitos de violencia de género, establecer criterios de referencia del riesgo para impedir que disminuyan las órdenes de protección o eliminar la exigencia de fianza en la personación de asociaciones de ámbito estatal en los procedimientos de violencia machista.
También establecer por ley el inicio inmediato de la ejecución de penas (prohibición de alejamiento y comunicación) en el momento en que se dicte una sentencia firme, obligar a que se informe a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de las denuncias ante el juzgado y de los partes de lesiones con el objetivo de que se incluyan en VioGén o imponer prohibición de alejamiento en caso de quebrantamiento. Impedir que el padre maltratador pueda acceder a las grabaciones de los testimonios de los menores e incorporar temas específicos sobre género y violencia machista en los temarios de oposiciones al Sistema Nacional de Salud son las últimas medidas en las que no se ha registrado ningún avance. Seis años después de la aprobación del Pacto, hay 85 medidas que han iniciado su recorrido, pero no lo han culminado.
Destacan entre ellas la ley integral contra la trata, un plan estratégico de intervención con víctimas que retiran la denuncia, incrementar la atención a víctimas de zonas rurales, elaborar protocolos específicos para las mujeres más vulnerables o trabajar en la asistencia psicológica a agresores desde el momento de la denuncia para reducir el nivel de estrés y agresividad y reducir daños a la víctima. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha sido la hoja de ruta de la lucha contra las violencias machistas en España. Incluye medidas para la ruptura del silencio, la mejora de la asistencia y protección de las mujeres y víctimas, el perfeccionamiento de la respuesta institucional, la formación, la prevención, la dotación presupuestaria o el seguimiento estadístico del fenómeno.
La renovación de su dictamen para incorporar medidas relativas a la violencia digital, vicaria o económica debe acometerse en esta legislatura. Este jueves, la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha entregado la evaluación a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. La Cámara Baja será la encargada de acometer la actualización del dictamen para reeditar esta hoja de ruta. Montero ha denunciado el «enorme crecimiento del negacionismo» de la violencia machista y en este sentido ha incidido en que el cumplimiento del Pacto no es «una opción política», sino una obligación para las instituciones y los poderes del Estado. Considera que el Pacto no constituye «un punto de llegada», sino que se debe «multiplicar» en los años venideros para llegar a todas las víctimas de todas las violencias machistas, con especial atención a las más vulnerables, y financiar con un presupuesto de mil millones de euros anuales.