Élite Taxi, RidersxDerechos y Taxi Project han presentado una querella contra Uber Eats por presuntos delitos de estafa, contra los trabajadores, contra la Hacienda pública y contra la Seguridad Social, «dentro de una posible organización criminal», según consta en la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press.
El escrito ha sido presentado ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, y es contra Uber Systems Spain y Portier Eats Spain, que cuentan con la marca comercial Uber Eats, además de extenderse a directivos. En un comunicado, los querellantes han asegurado que, tras la entrada en vigor de la Ley Rider, «Uber Eats ha hecho un giro en su modelo: de los falsos autónomos pasó a la subcontratación temporal, donde ha externalizado fraudulentamente toda su actividad a diferentes empresas».
Han asegurado que estas empresas «imponen rotación e inestabilidad entre los trabajadores, aun cuando Uber Eats sigue estableciendo las condiciones y gozando de las rentas derivadas de su trabajo», y han criticado textualmente que los trabajadores afectados son altamente vulnerables. Así, ha interpuesto la querella «por la presunción de variosdelitos, donde destaca la ideación de un modelo para fraude y lucro ilícito de la compañía, utilizando falsos autónomos para simular trabajos en su beneficio y perjuicio de los trabajadores».
Los querellantes han recordado que la Audiencia Nacional obligó el 13 de diciembre de 2022 a Uber Eats a regularizar a 4.404 trabajadores por cuenta ajena y satisfacerles una indemnización por despido colectivo. «En este acuerdo, Uber Eats reconoce la existencia de la conducta ilegal, de modo que, al no extenderlo al resto de las personas trabajadoras, es de ahí de donde se deriva la presunta comisión de los delitos», han añadido los querellantes.
El 20 de septiembre de este año, el Observatorio de Trabajo, Algoritmo y Sociedad -en colaboración con la plataforma sindical RidersxDerechos y Taxi Project 2.0- presentó una querella contra Glovo por los presuntos delitos contra la hacienda pública, contra la seguridad social, estafa y contra los derechos de los trabajadores. En ese momento explicaron que se trataba de la primera demanda penal que se presentaba contra la empresa por contratar supuestamente falsos autónomos.