Las ONG Coordinadora de Barrios, Colectivo Ca-Minando Fronteras, Asociación de Extranjeristas en Red, Asociación Pro Derechos Humanos de España y Associació Lab 38 han presentado este viernes una querella en el juzgado de instrucción de Melilla con el objetivo de solicitar la apertura de una «investigación exhaustiva y pormenorizada» sobre lo ocurrido en el salto a la valla en dicha ciudad autónoma en junio de 2022. Según han informado las organizaciones, a través de un comunicado, el objetivo es que esta investigación se produzca «al amparo del derecho internacional y de los derechos humanos».
Estas ONG rechazan, así, las conclusiones alcanzadas por la Fiscalía General del Estado sobre este caso ya que, a su juicio, ha realizado una investigación «insuficiente para conocer la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas aquel día». A su juicio, la Fiscalía «no ha cumplido con los estándares de justicia, verdad y reparación a los que tienen derecho las víctimas y sus familias».
Se refieren a los hechos que cumplen próximamente un año, ocurridos el 24 de junio de 2022, cuando unas 2.000 personas intentaron cruzar la frontera entre Marruecos y Melilla. En el suceso, fallecieron 40 personas, 77 personas están desaparecidas y 470 fueron devueltas ilegalmente, según han denunciado estas entidades.
«Esta querella es la única opción que les queda a los sobrevivientes, a las víctimas y a sus familiares para conocer la verdad, para obtener justicia y reparación y para que sus voces y testimonios sean escuchados, siguiendo los estándares de protección y seguridad adecuados a su situación, ante las graves vulneraciones de derechos cometidas», ha asegurado la activista de los derechos humanos y fundadora del Colectivo Ca-Minando Fronteras, Helena Maleno.
La portavoz de la asociación Lab 38, Sonia Ros, por su parte, ha mostrado su confianza en que la justicia vaya a realizar «una investigación independiente e imparcial por los hechos denunciados en la querella, en la que se identifiquen los responsables de las actuaciones que produjeron tan graves consecuencias y se depuren responsabilidades». «Como organizaciones de la sociedad civil esperamos que la justicia colabore en garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado español en materia de derechos humanos», ha concluido Ros.