El presidente de la central empresarial CEOE, Antonio Garamendi, ha adelantado este martes que el acuerdo de salarios alcanzado con CCOO y UGT para el periodo 2023-2025 se firmará este miércoles. A quién afecta este nuevo marco surgido del diálogo social en la recta final antes del inicio de la campaña electoral, y a qué trabajadores aplicará.
UGT, CEOE y Cepyme aprobaron por unanimidad en sus respectivos órganos de gobierno el acuerdo de negociación colectiva, que recomienda subidas salariales del 4 % en 2023 y del 3 % tanto para 2024 como para 2025. CCOO, por su parte, se reúne para ratificar el acuerdo. Este pacto atañe a todos aquellos convenios laborales pendientes de negociación y aprobación, algo más de mil en estos momentos en todo el Estado español.
Además una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1 % para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025) a aplicar al inicio del siguiente ejercicio.
Los expertos en materia laboral destacan que este acuerdo salarial no es una ley, en el sentido de que no es de obligatoria aplicación. Sin embargo, servirá como hoja de ruta y punto de inicio en las respectivas negociaciones colectivas que se emprendan a partir de este momento, con la mirada fija en rebajar la conflictividad laboral y mantener el ritmo de crecimiento económico.
El pacto alcanzado entre los agentes sociales, de 32 páginas, contempla apartados para regular el teletrabajo, pero en cualquier caso, todos los avances sectoriales que deriven de este pacto se modularán con arreglo a la situación de cada sector en particular. Las diferencias territoriales entre un mismo sector también serán objeto de especial atención a la hora de pactar nuevos convenios laborales, a partir del pacto alcanzado entre sindicatos y patronal.
Su líder, en declaraciones a los medios, ha afirmado que en la firma del pacto no estarán presentes ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La explicación, según Garamendi es que se trata de un acuerdo bipartito, en el que no participa el Gobierno por ser la negociación colectiva una materia que les compete exclusivamente a sindicatos y empresarios.