La Audiencia Provincial de Madrid comenzará la próxima semana el juicio al exdirector de un departamento de la Universidad Complutense que mantenía más de 500 cadáveres hacinados en un sótano, y para el que la Fiscalía pide 8 años de cárcel por tener a sus trabajadores en condiciones «degradantes y nocivas».
El Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid celebrará los días 10 y 17 de marzo el juicio a José Ramón Mérida Velasco, exdirector del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, por los hechos conocidos en 2014, cuando un periódico desveló las condiciones en las que se hacinaban decenas de cadáveres.
La titular del Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid procesó en julio de 2019 a Mérida por un delito contra los derechos de los trabajadores, según el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, en el que archivó la actuaciones para el resto de los investigados. De cara al juicio el Ministerio Público imputa a este exdirectivo de la Complutense un delito contra la salud de los trabajadores por el que solicita para él tres años de prisión, y cinco delitos contra la integridad moral por cada uno de los cuales pide un año de cárcel.
En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía le reclama un total de 277.258 euros para los cinco técnicos afectados. Sostiene el Ministerio Público que el médico procesado pese a las reiteradas quejas de los trabajadores por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud, les obligó durante años a prestar sus servicios «en condiciones insalubres, degradantes, nocivas y peligrosas». Fue así hasta que la Inspección de Trabajo ordenó en 2014 la paralización de los trabajos y finalmente se extrajeron del sótano 534 cadáveres, detalla la Fiscalía.
El Ministerio Público denuncia que Mérida era el principal responsable de la dirección, control y vigilancia de las condiciones laborales del personal técnico de laboratorio, y que sometió a los trabajadores «a unas condiciones de penosidad innecesariamente degradantes que trascendieron de la esfera laboral», desatendiendo «sistemáticamente» durante años sus «justas» demandas. Les obligaba -incide- a prestar sus servicios en un subterráneo sin ventilación que carecía de las condiciones de higiene más elementales «hasta el punto de que era frecuente la presencia de insectos, gusanos y larvas rodeados de restos humanos amontonados anárquicamente y sumergidos en el permanente hedor a putrefacción».
Los trabajadores se sumieron «en un estado de desesperanza que provocó alteraciones en la percepción de la realidad que les rodeaba, de manera que aceptaron como inevitable y normal una situación que, de modo objetivo, constituía una violación permanente a su dignidad como seres humanos».
Cuando los trabajadores se quejaron del exceso de cadáveres y de las malas condiciones su respuesta fue: «Las puertas cerradas y que no se hable nada», argumentando que llevar los cuerpos a otro sitio «era muy caro». En mayo de 2014 un periódico mostró fotos de las instalaciones con cadáveres hacinados y el acusado les advirtió de que «por esa vía» iban «mal» y de que cuando supiera quién lo había filtrado «se iba a enterar». Cuando supo que el 20 de mayo de ese año la Inspección iba visitar el centro recriminó a sus técnicos que no colaboraran en las tareas de destrucción de cadáveres y efectos tóxicos, concluye la Fiscalía.