La fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, ha emitido este viernes un decreto por el que archiva las diligencias de investigación que mantenía vivas sobre los acontecimientos ocurridos en la frontera de Melilla del pasado 24 de junio, en los que murieron 23 personas. Indica que no aprecia indicios de delito en la actuación de los agentes de los Cuerpos y Fuezas de Seguridad del Estado.
No obstante, da traslado al Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil de la actuación de varios agentes que lanzaron piedras contra las personas migrantes que trataban de entrar en España por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria. El decreto de la fiscal, de 36 páginas, arranca recordando que su trabajo buscaba esclarecer los hechos «consistentes en un intento de entrada irregular de migrantes de procedencia subsahariana, mediante el salto masivo y violento de la valla fronteriza que separa Melilla de Marruecos, en cuyo transcurso resultaron fallecidas 23 personas». Tras recordar todas las diligencias practicadas, incluida una visita a la zona de la tragedia, en la puerta del Barrio Chino, Sánchez entra a valorar en los fundamentos jurídicos si los agentes españoles podían haber haber incurrido en un delito de homicidio imprudente.
En este sentido, asevera que, de lo investigado, los agentes de la Guardia Civil intervinientes que se encontraban en el ejercicio de sus funciones no pudieron «evitar el resultado lesivo» porque «no eran conscientes, ni podían serlo, del riesgo que se estaba generando en el interior del patio» --lugar de la avalancha--. «Por lo que difícilmente pudieron plantearse la posibilidad de adoptar medidas para evitar lo que dramáticamente sucedió. Ninguno de ellos se encontraba en el lugar donde se produjo la avalancha, no pudieron prever con anterioridad que la misma iba a producirse en los términos en los que finalmente resultó, al no tener visibilidad de la zona ni haber sido informados de los hechos que se estaban produciendo», subraya.
La fiscal también se refiere a los guardias civiles que componían el equipo del helicóptero para explicar que estos no avisaron a los operativos de tierra «al no percatarse del riesgo que suponía la aglomeración de personas». Señala que aunque lo hubieran hecho, esa acción «tampoco habrían podido evitar que el embotellamiento y los fallecimientos se produjeran, máxime atendiendo al elevado número de personas que pretendían acceder a España violentando la frontera». Al hilo, la fiscal recuerda que no se puede obviar «el estrés» del momento, y que los acontecimientos que desencaderon la tragedia se produjeron con rapidez.
Añade era algo imprevisto, y que los agentes trataban de evitar la entrada de un millar de migrantes «por un lugar inusual, puesto que nunca antes se habían producidos saltos por un paso fronterizo». Por otro lado, afirma que del visionado de las imágenes no puede concluirse que la actuación de los agentes incrementara el riesgo para el bien jurídicamente protegido, en este caso la vida y la integridad física de los migrantes. Y que de haber previsto que pudiera acontecer el salto masivo «difícilmente podrían haber realizado alguna acción que lo hubiera impedido» --ni siquiera abrir las puertas froterizas, añade--. De hecho, asevera la fiscal que en caso de que hubieran optado por abrir las puertas para que los migrantes tuvieran una salida, se habría producido un embudo que «habría puesto en peligro la integridad física y la vida de los agentes, que podrían haberse visto arrollados por la propia avalancha».