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Crisis por la renovación del TC

Podemos, ERC y Más País creen que el TC consuma «el golpe a la democracia»

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens. | Europa Press

| Madrid |

Podemos y otros socios del Gobierno han calificado de «golpe sin precedentes a la democracia» la decisión del Constitucional de paralizar la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y el propio TC, como había solicitado el PP. «La derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia, toca demostrar que los demócratas somos más», ha subrayado la líder de Podemos, Ione Belarra, a través de las redes sociales.

El portavoz de los comunes, Jaume Asens, que forma parte de Unidas Podemos, se ha referido también a esta resolución como un «golpe contra el poder del pueblo y la separación de poderes. Estamos más cerca de convertirnos en Hungría o en Polonia». ERC, por boca de su portavoz Gabriel Rufián, ha señalado que la corte de garantías ha decidido paralizar un pleno del Senado que no le gusta, «dar una Champions más al Real Madrid, hacer Presidente del Congreso a Pepe Reina y calificar los sobresueldos del PP como propina». Mientras, desde Más País, Íñigo Errejón ha lamentado que se haya consumado «el atropello democrático» y ha anunciado que han acabado de registrar una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y evitar los retrasos en la renovación de los magistrados.

La reforma que plantean, prevé, entre otras cosas, que los magistrados propuestos por el Consejo General del Poder Judicial y por el Gobierno se renovarán cada nueve años, y si transcurridos nueve años y tres meses uno de estos dos órganos no ha realizado su propuesta, se procederá a la renovación de los dos magistrados designados por el órgano "que ha cumplido en tiempo su deber constitucional. Además, introduce la posibilidad de que el Gobierno o el CGPJ puedan renovar a la parte del Tribunal que les corresponde, de manera desagregada si transcurridos tres meses desde la fecha en la que se debería haber producido la renovación, el otro órgano no ha cumplido con su deber constitucional de designación de sus candidatos.

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