El Constitucional resuelve este lunes si frena la tramitación parlamentaria de la reforma legal impulsada por la coalición de Gobierno para renovar a los magistrados de ese tribunal con mandato caducado, decisión que pospuso el jueves y que puede abrir una crisis institucional. El jueves se sorteó el choque con el Congreso, pero esta semana la iniciativa, recurrida por le PP, se tramita en el Senado. PSOE y Unidas Podemos incluyeron la reforma de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional en la proposición de ley impulsada para derogar la sedición y rebajar las penas por malversación y los populares recurrieron al tribunal de garantías, al que pidió adoptar medidas cautelarísimas para frenar esos cambios de última hora.
Al aplazar el Constitucional su pleno a este lunes, el Congreso, como estaba previsto, aprobó en una bronca sesión la proposición de ley. La Cámara Alta ya ha fijado su agenda para esta semana, con la iniciativa en una Comisión de Justicia el martes y en el pleno el jueves, pero todos los ojos vuelven a estar en el Constitucional.
El Tribunal debe estudiar los informes presentados por PSOE, Vox y Unidas Podemos y la petición de esta formación para que sean recusados dos magistrados -el propio presidente, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez- afectados directamente por la reforma, ya que tienen el mandato caducado y saldrían del Constitucional si se aprobara. El tribunal está dividido y la abstención de estos dos magistrados decantaría la balanza a favor del bloque progresista, contrario a paralizar de forma cautelar la tramitación parlamentaria de la ley.