La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado este viernes en Ciudad Real que el Ejecutivo espera que el Tribunal Constitucional (TC) no suspenda la reforma del Código Penal, que aún debe ser aprobada por el Senado. Así lo ha dicho Rodríguez a los medios de comunicación antes de clausurar un programa de empleo impulsado por la Diputación Provincial de Ciudad Real y el Ministerio de Política Territorial.
La portavoz del Gobierno ha asegurado que lo que está intentando el PP, a través del Tribunal Constitucional, «es muy grave». Y ha resaltado que lo que «se persigue con estas acciones es de absoluta gravedad, desde el punto de vista institucional y democrático», porque, ha dicho, «no es ni más ni menos que intentar amordazar al Parlamento, al Congreso de los Diputados, el lugar donde reside la representación del pueblo español, el lugar en el que se manifiestan los españoles mediante las urnas».
La ministra portavoz ha reconocido que el Gobierno había visto hechos del PP que iban en esa dirección a lo largo de toda la legislatura, en un primer momento, fundamentalmente, negando su legitimidad y después bloqueando los órganos de gobierno de los jueces, que finalmente se ha consumado con la petición al TC que, en opinión del Gobierno «es un atropello sin precedentes». Isabel Rodríguez también se ha manifestado, a preguntas de los periodistas, sobre la situación vivida este jueves en el Congreso de los Diputados durante la aprobación de la Reforma del Código Penal y ha asegurado que, ante estos hechos, es el momento «de poner en valor la democracia».
«La democracia en nuestro país no fue gratuita, la democracia en nuestro país costó muchos años de sufrimiento, de lucha de muchas personas que incluso dieron su vida por darnos una sociedad libre llena de derechos, la democracia en nuestro país ha sido además sinónimo de progreso de desarrollo para todo el país». Por tanto, ha opinado que es «el momento de hacer un llamamiento a esos valores democráticos y de pedirle al Partido Popular que abandone esa senda de rebelión y que asuma que ha de ser un partido de Estado».
Sobre las discrepancias surgidas por esta reforma entre el Gobierno de España y el Gobierno de Castilla-La Mancha que preside Emiliano García-Page, ha asegurado que cada uno de ellos tiene su opinión sobre este asunto, pero ha señalado que si se hace balance de esta legislatura, el Gobierno de España «puede presumir de haber logrado algo muy importante», que ha sido solucionar la crisis catalana.
Y ha recordado que la independencia de Cataluña era para los españoles uno de los principales problemas políticos en el año 2017, el segundo que más les preocupaba y, en la actualidad, ha dicho, «afortunadamente ese problema para los españoles no es un problema, para los catalanes la política que ha llevado a cabo el Gobierno de diálogo, de reencuentro, ha supuesto que haya bajado los apoyos al independentismo», y eso, ha destacado, «es algo muy importante».
«Estamos cambiando la sensación, la disposición de la ciudadanía catalana, y por tanto, ha descendido notablemente el independentismo hoy», ha dicho la ministra portavoz, que ha reiterado que «en Cataluña se aceptan las leyes y la Constitución y por tanto, se puede hacer un balance muy positivo de toda la acción de Gobierno, que concluye con estos compromisos que habíamos asumido de homologar la legislación de nuestro país a otros contextos europeos y de tratar de sacar de la vida judicial lo que fue un problema político».