El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha descartado que en España se necesite subir la edad legal de jubilación a los 70 años, porque los 67 años que se establecieron para 2027 es una edad «más que suficiente» para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Escrivá, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, respondía así a unas declaraciones de la secretaria general y portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, en las que aseguraba que «no pasaría nada por jubilarse a los 70 años si la expectativa de vida sigue creciendo».
El ministro ha recordado que la reforma de 2011 estableció la subida gradual de la edad legal de jubilación, hasta alcanzar los 67 años en 2027, reforma que, según ha enfatizado, no contó con el apoyo del PP. Tampoco esta formación dio su respaldo a la reforma de pensiones que pactó el Gobierno de coalición con los agentes sociales en la que se incentiva el retraso voluntario de la jubilación, ha remarcado Escrivá. Preguntado por qué cuánto se ampliará el periodo de cálculo de las pensiones, actualmente establecido en 25 años, el ministro ha indicado que «se moverá poco» de ese umbral y ha señalado que lo que se pretende en esta materia es definir con los agentes sociales un esquema de mayor protección para las personas con carreras laborales más volátiles. «Nos moveremos poco de ese nivel (de los 25 años). Lo estamos discutiendo con los agentes sociales. No es una propuesta que nosotros hagamos. Estamos buscando un punto de equilibrio y convergencia, pero no tiene que ver sólo con el periodo de cómputo, también con el tratamiento de lagunas de cotización y de la posibilidad de excluir los peores años. Es un paquete conjunto», ha dicho el ministro, que ha añadido que el resultado de todo ello no es reducir la cuantía de las pensiones, sino hacer el sistema «más equitativo».
Este elemento, junto con el destope progresivo de la pensión máxima y de las bases máximas de cotización, se están discutiendo con los agentes sociales con el objetivo de tener estas materias cerradas antes de final de año, según ha explicado Escrivá. La idea, ha precisado, es tener «predictibilidad» sobre cuánto subirán las bases máximas y la pensión máxima, en lugar de la «arbitrariedad» con la que se actuaba en el pasado. «Lo que hemos dicho es que la pensión máxima y la base máxima tienen que subir con la inflación», ha recordado el ministro.
En este sentido, ha reconocido que le «sorprendieron» las críticas de la CEOE a la subida de la base máxima proyectada en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 en un 8,6 %, en línea con la inflación. «Me da la sensación de que (estas críticas) responden a cuestiones tácticas o externas», ha subrayado. Escrivá no ha querido precisar si estas «cuestiones tácticas» tienen que ver con el proceso electoral abierto en CEOE, pero ha insistido en que le sorprenden ciertas «salidas de tono en un momento determinado y muy artificiales».
Otro asunto que Escrivá quiere negociar con los agentes sociales, pero ya el próximo año, es el de buscar cómo incentivar la jubilación parcial para que sea «gradual» y no se traduzca en el abandono, de golpe, de la actividad. Escrivá ha explicado que en algunos países no se pasa de un día para otro de estar activo a pasivo, pues establecen progresivamente jornadas menos exigentes. En cambio, en España, casi hasta el último día se trabaja a tiempo completo. «Tendríamos que darle una vuelta a esto y ver si jubilación parcial gradual es algo en lo que tenemos que trabajar», ha asegurado el ministro.
Preguntado por las dificultades para obtener citas presenciales en las oficinas de la Seguridad Social, Escrivá ha explicado que no es un problema generalizado en toda España, pero ha admitido que algunas provincias existen más problemas que en otras y que en determinadas zonas cuesta cubrir puestos vacantes. El ministro ha señalado que a partir de 2012, con el Gobierno del PP, se empezó a recortar la plantilla de la Seguridad Social, hoy un 25 % inferior a la de entonces, «ignorando el hecho de que la edad media de los funcionarios es de 57 años». «Rehacer todo esto y reconducirlo va a llevar varios años porque hay que convocar oposiciones y cubrirlas», ha admitido el ministro, que ha añadido que su Ministerio está acelerando los procesos para cubrir plazas, reforzar la plantilla y conseguir que los funcionarios quieran trabajar en determinadas zonas de España.
Escrivá ha explicado además que, en aquellos sitios donde las citas se dan «con un cierto desfase» se ha iniciado un programa piloto de videollamadas «que está funcionando bien». «No podemos empujar a que todo sea por la web. La videollamada es una vía para agilizar procesos», ha indicado el ministro.
En cuanto a si España está teniendo dificultades para gestionar los fondos europeos, Escrivá ha asegurado que no más que en otros países europeos, y ha destacado que España es el país que ha recibido más desembolsos y el que más hitos ha cumplido en el marco de sus compromisos con Bruselas. Ahora bien, ha reconocido que puede haber más lentitud en los procesos por la descentralización tan acusada de España, pues primero tiene que haber convocatorias generales de subvenciones desde la Administración del Estado y luego licitaciones específicas por parte de las comunidades autónomas. «Eso puede llevar a que sea un proceso más lento, pero aún así vamos razonablemente bien», ha afirmado. El ministro ha defendido además que la llegada de más fondos europeos no depende de la ejecución de los mismos, sino del cumplimiento de hitos. «Después, más adelante, hay que cumplir objetivos, conseguir ciertos resultados, y por eso seremos evaluados», ha añadido.