Castilla y León hace balance de los seis meses de andadura del gobierno de coalición de PP y Vox, el primero de ámbito autonómico con el partido de Santiago Abascal, fraguado tras las elecciones del pasado febrero y que afronta en los próximos dos meses la prueba de fuego de los presupuestos para 2023. Aunque las encuestas en Andalucía parecían indicar que lo ocurrido en Castilla y León podía marcar tendencia, los electores andaluces finalmente optaron por otorgar al PP una mayoría absoluta que ha dejado al caso de Castilla y León con la lupa política encima, a pocos meses de que los ciudadanos acudan a las urnas para las elecciones municipales y algunas autonómicas -en principio sin Castilla y León- y, posteriormente, las generales.
En estos seis primeros meses de coalición han abundado los acuerdos entre los socios de gobierno para sacar adelante planes de ayudas para paliar la crisis, algunos de ellos ya fraguados en los meses de gobierno en funciones, por lo que fueron presentados en la primera reunión del Gobierno de coalición, y otros como el de la rebaja fiscal, aún en tramitación.
También han dado pasos, aunque en este caso con menor concreción, otras modificaciones más polémicas como la relacionada con la memoria histórica, que derogará el actual decreto autonómico sobre la materia, y la equiparación de las ayudas recibidas por mujeres víctimas de la violencia machista y aquellas que tendrán otras víctimas de lo que Vox denomina violencia intrafamiliar.
La gestión de los graves incendios forestales del verano, con especial incidencia en Zamora, Ávila, Salamanca y León, también puso a prueba la cohesión del Gobierno autonómico, con algunas dudas iniciales por las críticas al operativo, que finalmente se han saldado con un acuerdo de la Junta, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE para duplicar el presupuesto que se destinará en los próximos ejercicios a un operativo ampliado que se extenderá a todo el año.
Todos estos debates han estado condicionados por varias polémicas, en su mayoría generadas por palabras pronunciadas por el vicepresidente de la Junta y dirigente autonómico de Vox, Juan García-Gallardo, especialmente sobre su visión acerca de la violencia de género, la Agenda 2030, el aborto y el debate energético y medioambiental.
A la espera del balance del portavoz de la Junta, algunos portavoces de los diferentes partidos han hecho ya sus respectivos análisis:
El portavoz adjunto y secretario general del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha valorado la relación «fluida y cordial» de su partido con el PP. Además ha afirmado que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, «está desarrollando su actividad de una forma absolutamente normal», que «de momento» responde al mandato de los castellanos y leoneses en las urnas el pasado 13 de febrero.
La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha recordado la «triste efeméride»: los seis meses del «gobierno ultraderechista de Mañueco», el modelo que Feijóo quiere para España, ha indicado. «Son la inutilidad absoluta. Las antípodas de la buena gestión», ha manifestado Sánchez.
El exvicepresidente y procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, ha descrito los seis meses de gobierno de PP y Vox en la región como una situación de «auténtico desastre» desde el punto de vista sanitario, económico y cultural.