Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, los últimos de la legislatura, llegan este jueves al Congreso de los Diputados para iniciar así su tramitación parlamentaria y que puedan entrar en vigor el 1 de enero del próximo año. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hará entrega a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, del conocido como 'libro amarillo', en el que se exponen las principales cifras del Presupuesto para 2023, acompañado del informe obligado de género, de informe de cómo avanzan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el informe de infancia, adolescencia y familia, además de una separata sobre juventud.
El primer escollo que tendrán que salvar las cuentas más expansivas de la democracia pactadas entre PSOE y Unidas Podemos, socios del Gobierno, será el debate de enmiendas a la totalidad que a buen seguro presentarán algunos grupos parlamentarios que, como el PP, ya han manifestado su rechazo a los Presupuestos del próximo año. Montero dijo el pasado martes, tras la aprobación del proyecto presupuestario en el Consejo de Ministros, que el Gobierno buscará sacar adelante estas cuentas con una amplia mayoría y ayer, en el Pleno del Congreso, reiteró que el Ejecutivo se pondrá a hablar inmediatamente con los grupos parlamentarios que no han mostrado un rechazo frontal a las cuentas públicas.
Los Presupuestos de 2023 contemplan un techo de gasto de más de 198.000 millones de euros, que incorporan el aumento del salario de los funcionarios, la actualización de las pensiones con el IPC, más gasto sanitario y nuevas ayudas a las familias y parados. Los nuevos Presupuestos incluyen también el paquete fiscal anunciado recientemente, que contempla el nuevo impuesto a las grandes fortunas a partir de un patrimonio neto de 3 millones de euros, la rebaja del IRPF para las rentas hasta 21.000 euros, el aumento del gravamen de las rentas del capital a partir de 200.000 euros, la reducción de los módulos para los autónomos o la subida del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas, medidas con las que el Gobierno espera ingresar más de 3.000 millones de euros adicionales.
Con un gasto social récord, con estas cuentas el Gobierno busca reforzar la sanidad, --especialmente la atención primaria--, la educación, la dependencia o las becas de cara al próximo año. Además, el PSOE y Unidas Podemos han acordado el despliegue de una Ley de familias que incluirá nuevos permisos de conciliación, el impulso de una prestación de crianza de 100 euros al mes para familias con menores de 0 a 3 años y se asimilarán las familias monomarentales, con dos hijos, a la actual categoría de familias numerosas.
Con estas cuentas, los funcionarios verán crecer su retribución un 2,5% y se podrán incrementar hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal. Las cuentas del próximo año contemplan también la actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC interanual del mes de noviembre, que podría situarse en el 8,5%, según los cálculos del Gobierno, lo que elevará el gasto en pensiones en más de 190.000 millones de euros.