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Las condenas por atentado a la autoridad despuntan con la ley Mordaza

Protestas ciudadanas en las Islas contra la ley mordaza. | J. Coll

| Madrid |

Un total de 14.664 personas fueron condenadas en 2021 por los delitos de atentado contra la autoridad y de resistencia y desobediencia a los agentes, lo que supone un 23,4 por ciento más que en 2015 cuando entró en vigor la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley Mordaza, y la reforma del Código Penal.

Son datos de los condenados adultos por todo tipo de delitos que ha publicado esta semana el Instituto Nacional de Estadística con la información que consta el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia. En concreto, la cifra de condenados por esta tipología penal en 2021 es la más alta de los últimos siete años y la más baja la de 2020, ejercicio marcado por la pandemia, según recuerda el INE, que registró 10.993 de estos penados, mientras que en 2015 fueron condenados 11.882.

El delito de atentado a agentes de autoridad está penado con hasta cuatro años de prisión y el de resistencia con hasta un año de cárcel, salvo que ésta se produzca con intimidación grave o violencia. En ese caso se castiga como modalidad de atentado a la autoridad. La mayoría de los 14.664 condenados fueron hombres, 12.315.

Por edades, la franja que acumuló más penados tenía entre 40 y 50 años (2.696), por delante de las jóvenes de entre 20 y 25 años, con 2.366 condenas. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) explica que este incremento se debe a la quiebra del principio de autoridad que desde hace años se registra y en el que «no ayuda», advierten en un comunicado, el Gobierno y sus socios de investidura con la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley Mordaza.

Aunque aún no ha sido aprobada su modificación, algunas de las enmiendas pactadas por la mayoría de grupos abogan por rebajar el castigo por desobediencia a los agentes o eliminar la prohibición de comunicar manifestaciones a las delegaciones del Gobierno. Para el SUP estos cambios favorecerán «la impunidad de los delincuentes y potenciarán la inseguridad y desprotección de los policías».

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