El Pleno del Congreso ha aceptado tramitar la reforma exprés promovida por el PSOE para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC) devolviendo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque esté en funciones, su capacidad de designar a sus dos candidatos a la corte de garantías. Los socialistas han sacado adelante tanto la toma en consideración de su proposición de ley como la tramitación en lectura única. Así, el Pleno la aprobará este jueves de una tacada --sin pasar por ponencia ni comisión-- y la remitirá al Senado, con intención de que quede aprobada definitivamente la próxima semana.
La toma en consideración ha prosperado con siete votos más de los 176 en los que está fijada la mayoría absoluta y que son el mínimo necesario para su aprobación, al tratarse de una ley orgánica. Además del PSOE y Unidas Podemos la han respaldado ERC, PNV y Bildu y se han opuesto el Partido Popular, Vox y Ciudadanos (Cs). En sus intervenciones, el PSOE ha reclamado al PP que deje el «populismo» y acceda a renovar el mandato del CGPJ, caducado desde hace más de tres años, mientras que los 'populares' han catalogado la proposición de ley de reforma «anticonstitucional» y «a la carta», en tanto Vox y Cs han recriminado a los dos principales partidos que su objetivo final sea pactar para manejar a los jueces.
El diputado socialista Francisco Aranda ha echado en cara al PP el «boicot» a desbloquear las renovaciones pendientes, una «alarmante dejadez constitucional» con la que el partido de Alberto Núñez Feijóo --ha asegurado-- «ataca los cimientos institucionales». «Estamos ante el indisimulado deseo del PP de desentender sus obligaciones cuando estas le tocan», ha proclamado Aranda, que ha lamentado que cambien de postura «si están o no en el banco azul», el que ocupa el Gobierno. «Cuando la derecha pierde» el Poder Ejecutivo, «los avances retroceden en el Judicial», ha proclamado. Para el parlamentario del PSOE, la pregunta que hay que hacerse ante las «excusas» del PP es si les beneficia o perjudica la interinidad del órgano de gobierno de los jueces. Según Aranda, los 'populares' insisten con su 'no' porque les favorece esta situación. Sobre si esta reforma contradice la anterior, presentada el año pasado por los socialistas y que quitó al CGPJ la potestad de hacer nombramientos mientras continuara en funciones, Aranda ha afirmado que el PSOE «pecó de bondad» confiando en la «lealtad» del PP, al que ha pedido que «recapacite» y «vuelva al sentido de Estado».
Desde las filas del PP, el diputado Carlos Rojas le ha devuelto el guante al PSOE, al que ha instado a dar marcha atrás en su proposición de ley, que la retire y se abra a negociar con ellos: «Seguimos dispuestos si el Gobierno ofrece voluntad de acuerdo». Rojas ha acusado al Gobierno «inestable y sin rumbo» de tirar abajo con esta iniciativa, «seguramente anticonstitucional», la «arquitectura» de la Justicia. Trazando una comparación con la mitología griega, el diputado ha dicho que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, «como Penélope, teje y desteje para dejar más débil la democracia, zarandeando una y otra vez las instituciones». Bajo su punto de vista, esta reforma es «a la carta» y se ha hecho «por la puerta de atrás». A continuación, ha reprochado al PSOE que este tipo de cambios legales exigen, a su juicio, contar antes con la opinión del órgano afectado, en este caso el CGPJ. Tanto PSOE como PP han intentado hacer suyo el aviso lanzado hoy por la Comisión Europea, para quien es una «prioridad» que España desbloquee la renovación del CGPJ, al tiempo que ha exigido que «inmediatamente después» se inicie la reforma que permita que los siguientes nombramientos de este órgano de gobierno judicial lo realicen los propios jueces, en línea con los estándares europeos.
Por su parte, Javier Ortega Smith, de Vox, ha expresado que le parece una «evidente amenaza» a la independencia judicial la «reforma de la reforma» impulsada en solitario por los socialistas. Después de eso, el diputado ha cargado a la vez contra PP y PSOE por querer nombrar a jueces «títeres» a los que «puedan manejar». Según Ortega Smith, «PP y PSOE no pretenden en modo alguno, aunque se les llene la boca, que haya una justicia independiente, porque no creen en la división de poderes y tampoco en jueces y magistrados que actúen conforme a la ley», sin tutelas de nadie. Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha calificado de «tramposa» la proposición de ley por buscar su aprobación deprisa en el último Pleno y coincidiendo con el Debate sobre el Estado de la Nación. Ha sostenido que el PSOE pretende controlar el TC y les ha afeado que se crean dueños del Estado de la mano de sus «amiguetes» del PP.
Entre los apoyos a la toma en consideración, la diputada de Podemos Martina Velarde ha considerado necesaria la reforma para contrarrestar el «secuestro» del CGPJ por parte del Partido Popular. Desde el socio de coalición creen que el Gobierno tiene como tarea «liberar» los órganos bloqueados y modificar la ley para que no sea indispensable una mayoría amplia a la hora de desbloquear estas situaciones. «Se quiere mantener a toda costa una mayoría de jueces nombrados por el PP y esto es un ataque frontal al Estado de Derecho y a la democracia, un fraude democrático», ha expuesto. Por su parte, Mikel Legarda, del PNV, ha acusado a los 'populares' de «instrumentalizar» la justicia en «beneficio propio», mientras que desde la izquierda, a Joan Baldoví, de Compromís, no le han gustado aquí las «prisas» del PSOE, «un poco chapucero».