La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación abierta en torno al contrato para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia en China que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con un hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y por el que este cobró 59.203 euros. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha adoptado esta decisión en un decreto en el que señala que la investigación practicada permite descartar la existencia de delito en la compra de mascarillas a la empresa Priviet Sportive S.L., y en el que destaca que la presidenta regional «no ha intervenido en el procedimiento» porque el Consejo de Gobierno «no es un órgano de contratación en la Comunidad de Madrid». Archiva por tanto sus diligencias, centradas en delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad, pero no se pronuncia sobre posibles delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la UE y cohecho, «en escrupuloso respeto» de las competencias de la Fiscalía Europea, que mantiene abiertas su propia investigación.
En plena crisis interna del PP que acabó con la salida de Pablo Casado de su dirección, los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) denunciaron ante Anticorrupción la contratación de emergencia realizada por la Consejería madrileña de Sanidad el 1 de abril de 2020 para la compra de 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros a Priviet, en la que supuestamente habría intermediado el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso. Cuatro meses después, la Fiscalía no sólo no ve indicios de delito en el contrato, sino que afirma que la «hipótesis delictiva» planteada por los denunciantes respecto a la presidenta regional «se fundamentaba en una secuencia de hechos» de la que «no se deducían indicios razonablemente verosímiles ni de la realización del hecho investigado, ni de su carácter delictivo» ni de su «responsabilidad». Y tampoco en relación a su hermano, quien, en su declaración del pasado 6 de abril, ofreció «una explicación coherente sobre su intervención» en la venta de mascarillas, un relato que «no queda ensombrecido por las hipótesis» de los denunciantes, que «no han superado el umbral de las meras sospechas o conjeturas» ni «permiten avanzar» en «una tesis inculpatoria».
Luzón ve «transparente» el proceso de «facturación, el pago y el cobro de la comisión», fruto de su «trabajo» para Priviet, que consistía en «añadir valor al proceso comercial de esta empresa», y descarta que haya indicios de que intentase «conseguir» de la Comunidad de Madrid «un trato de favor» para la citada empresa o que facilitase «algún contacto con funcionarios públicos». El fiscal explica que la comisión que percibió corresponde, por un lado los 175.000 euros por los trabajos realizados para Priviet en relación a diferentes ofertas, y por otro los 59.203 del «bonus pactado por la obtención del contrato de las mascarillas con la Comunidad de Madrid». Y aclara: aunque el hermano de la presidenta haya percibido una comisión fruto de su relación comercial con Priviet, para que esta empresa tuviera prohibido contratar con la Comunidad, éste debería ser administrador o accionista de más del 10% y tener un conflicto de intereses con el órgano de contratación, que -insiste- no es ni Isabel Díaz Ayuso ni su Consejo de Gobierno.
Subraya además que el departamento encargado de la contratación desconocía la relación del hermano de la presidenta con la empresa, como prueba que en los correos que se intercambiaron, Tomás Díaz Ayuso figuraba «en copia oculta», de modo que su asesoramiento a la mercantil «fue desconocida por los funcionarios» que tramitaron la oferta. A la hora de analizar el contrato, el fiscal tiene en cuenta la situación de emergencia que se vivía al inicio de la pandemia y la «casi dramática necesidad de adquirir mascarillas», pero también deja claro que esto no puede amparar comportamientos irregulares o delictivos propiciados por «adquisiciones fallidas o fraudulentas, que deberán ser objeto de investigación». De hecho, fue la propia Fiscalía Anticorrupción quien denunció ante el juez una de esas presuntas operaciones irregulares: la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario en la que están investigados los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina. Después de que se denunciara el contrato del hermano de Ayuso, el PP contraatacó y un diputado regional llevó a Anticorrupción trece contratos de adquisición de material sanitario valorados en 300 millones de euros y de adjudicación de ayudas por parte del Gobierno central, que la Fiscalía sigue investigando para comprobar si siete empresas fueron presuntamente «favorecidas».