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Espionaje Pegasus

Robles proclama su orgullo por los miembros del CNI y avala a su directora

La ministra de Defensa replica a Podemos que todo el Gobierno tiene acceso a los informes de Inteligencia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su comparecencia este miércoles ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. | Efe

| Madrid |

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha proclamado este miércoles su «orgullo» por los 3.000 miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y ha subrayado que su directora, Paz Esteban, «ha tenido que aguantar estoicamente» imputaciones «que no se corresponden con la realidad» y de las que dará cuenta este próximo jueves en su comparecencia como «considere oportuno».

Robles ha hecho este alegato en defensa de los trabajadores públicos al final de su intervención ante la Comisión de Defensa del Congreso, donde ha comparecido para presentar la 'Brújula estratégica' de la Unión Europea. Tras repasar las novedades de este documento que marca la política de seguridad y defensa de la UE para la próxima década, ha aprovechado para salir en defensa de los trabajadores del Estado.

«Me siento particularmente orgullosa de los servidores públicos de este país», de quienes ha dicho que trabajan «solo y exclusivamente» conforme a la ley, y ha asegurado citando a los miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la administración de justicia y también del CNI, que este mes cumple su 20 aniversario. En un momento en el que el centro de inteligencia está en el punto de mira por los casos de espionaje, ha recordado que muchos de sus miembros incluso «han pagado con sus vidas» haber cumplido con su deber en defensa de «la paz, la libertad y la seguridad» de los ciudadanos.

Robles ha insistido en que los funcionarios trabajan en «los destinos más variados», de forma «anónima» y sin buscar «publicidad». «La Unión Europea sabe que España es un país serio, con instituciones sólidas, fiables, un compromiso inequívoco con el Estado de Derecho y que todos los servidores públicos actúan solo y exclusivamente con arreglo a la legalidad», ha reivindicado.

En este sentido, ha puesto en valor también el trabajo de la administración de justicia, a la que ha señalado como la única con responsabilidad para dirimir los presuntos hechos delictivos. «En democracia, los que somos demócratas, creemos en la sociedad democrática, sabemos que las responsabilidades, autorías y hechos delictivos los persiguen los hombres y mujeres que trabajan en la administración de justicia», ha insistido.

Por ello, ha garantizado que el Gobierno acudirá a los tribunales siempre que sea necesario -«nunca hay nada que ocultar»- y ha animado a hacerlo también a cualquiera que tenga conocimiento de que se ha podido cometer un delito. «Ellos son los que dilucidan responsabilidades», ha subrayado. Robles ha avisado así de que no acepta «especulaciones» ni acusaciones «sin pruebas», reiterando el trabajo en favor de los ciudadanos de los funcionarios y apuntando que los cargos públicos solo tienen la «obligación» de «servir y ser transparentes».

«No va a poder nadie con la fortaleza de las personas de ley que cumplen con la legalidad y que están en todo momento arrimando el hombro en un acto de generosidad y no en la descalificación permanente a las instituciones», ha aseverado.

Durante su segunda intervención Robles ha recordado al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que todo el Gobierno, del que también forma parte la formación morada, tiene acceso a los informes que realiza el CNI advirtiendo de los riegos y amenazas para la seguridad y integridad territorial, e incluso puede pedir cuentas, aunque no lo haya hecho, y le ha exigido «responsabilidad» en sus declaraciones sobre el espionaje político.

Así se ha dirigido Robles a Echenique después de que el portavoz de Unidas Podemos le exigiera «responsabilidades políticas» al máximo nivel por este asunto. Según Echenique, sólo caben dos posibles autorías de ese espionaje: O fueron agentes extranjeros, lo que en su opinión reflejaría «una incapacidad inaceptable» al proteger las comunicaciones del presidente del Gobierno, y por tanto, la seguridad nacional; o fue «una célula descontrolada» del CNI o de las fuerzas de seguridad, «lo que revelaría una flagrante incompetencia o una absoluta dejación de funciones al limpiar las cloacas del Estado».

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