Toda una vicepresidenta del Gobierno como Carmen Calvo recordó este lunes lo que parece una obviedad pero tal vez no lo es: la primera labor de un presidente es trabajar por la estabilidad y el bienestar de sus ciudadanos. De los suyos. El actual ministro de Exteriores ha declarado más recientemente en un acto del Real Instituto Elcano en Bruselas que «vivimos momentos muy transcendentales, probablemente de los momentos más transcendentales de nuestra historia reciente». No es baladí.
El cambio de estrategia sobre el Sáhara Occidental del Gobierno de España, o mejor dicho de su máximo representante, el presidente Pedro Sánchez, ha agarrado con el pie cambiado a propios y a extraños. Ha suscitado durísimas críticas en el seno del ejecutivo de coalición, y la oposición le ha acusado de improvisar con un asunto de estado entre manos. ¿Qué ha propiciado que Sánchez tome la iniciativa y se desmarque de la posición tradicional de los gobiernos en España desde la transición democrática?
Calvo en la Ser remarcó este pasado lunes por la noche que nadie se mueve de la posición de la ONU para solucionar el histórico conflicto del Sáhara, que pasa por un referéndum de autodeterminación tras el alto el fuego suscrito por las dos partes, el reino alauí y el Frente Polisario, con la mediación de Madrid. También afirmó que no cabía cargar al PSOE con los pecados de Marruecos, un régimen dirigido por un «autócrata» según trajo a colación otro vicepresidente, Pablo Iglesias, también presente en la charla.
El PSOE debe responder de sus decisiones, y la de Sánchez de apoyar el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara supone una ruptura de los esquemas tradicionales. Dónde se apoya este cambio de visión. Todo análisis que en estos momentos pretenda tratar de política internacional y de relaciones, seguridad y cooperación exterior debe reparar en la invasión rusa de Ucrania. El escenario de inestabilidad generado por Vladímir Putin afecta a las sociedades europeas a distintos niveles; lo apreciamos en el aumento de precios, por ejemplo del 25 y hasta el 40 por ciento en productos como el trigo o los fertilizantes, con respecto a los días inmediatamente previos al inicio de la invasión.
En el marco de este mismo conflicto bélico en Europa se argumenta la necesidad de cambiar el modelo energético actual del continente, muy dependiente del gas que produce Rusia. Hace un tiempo que las autoridades españolas son conscientes de que tienen más a mano solucionar la dependencia del hidrocarburo ruso mediante la importación del gas del Magreb. En la encrucijada de llenar los tanques en España con gas extraído del subsuelo argelino tiene mucho que ver Marruecos, puesto que gran parte del recorrido de los gasoductos ocupa su territorio.
Pero quizás la razón más contundente que ha llevado a Sánchez a dar su apoyo a la tesis marroquina para alcanzar la paz definitiva con el Sáhara Occidental es la de asegurarse que en el corto plazo no se repiten escenas como las de los saltos masivos de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Esas situaciones, que a menudo dañan la observancia de los derechos humanos al tiempo que la legalidad territorial, generan un importante número de cargas para las distintas administraciones autonómicas que deben hacerles frente, no solo en las ciudades autónomas sino también en Canarias y la costa andaluza. Máxime en estos tiempos difíciles que suceden a la pandemia de coronavirus.
Ante la falta de compromiso comunitario por dedicar recursos adecuados a la vigilancia de la frontera sur de Europa y el aprovechamiento en clave electoral que de esta situación obtienen los sectores más extremistas en España, tal vez la única baza de Sánchez pasara por darle una buena razón a Marruecos para hacer bien su trabajo fronterizo y de aduanas, y así no tener que vigilar con el rabillo del ojo lo que sucede en su patio trasero mientras Putin descarga su furia contra Ucrania. Esa buena razón es ni más ni menos que cederle toda la iniciativa en la cuestión sahariana, a pesar de que con ello infrinja compromisos, pactos e incluso principios.
Hay que decir que Marruecos llevaba las de ganar desde que el anterior ocupante de la Casa Blanca, Donald Trump, puso por escrito su aval a la postura de Marruecos en el conflicto sobre el Sáhara en el último tramo de su mandato, algo que la administración Biden no se ha ocupado de revocar. La posición norteamericana declina la creación de nuevos Estados soberanos en África. Es la premisa general para la región y es lógico que en estos momentos el Sáhara, Marruecos e incluso España no cuenten en los primeros lugares de la lista de prioridades de Estados Unidos, con la guerra desatada en Europa.
Con su movimiento Sánchez tal vez se asegure de Rabat un mejor trato de los compromisos sobre el control de los flujos migratorios de personas subsaharianas que buscan cruzar la frontera hacia España, como primer paso para llegar a una supuesta nueva vida europea. Sin embargo, su decisión abre un escenario incierto por novedoso y genera nuevos problemas: ahora es Argelia quien llama a su embajador en Madrid a consultas para escenificar que no aprueba el respaldo español de Marruecos en la respuesta pacífica al conflicto del Sáhara Occidental, una tierra en la que muchos de sus moradores tienen DNI español.