Pensionistas de Balears se han movilizado este sábado y han recogido firmas en Palma, Ciutadella y Vila para que las pensiones se revaloricen anualmente de acuerdo con el IPC acumulado, y no del promedio. La protesta ha tenido lugar en las Islas al mismo tiempo que en otras muchas ciudades de España.
La manifestación en Palma ha tenido lugar frente al edificio de la Seguridad Social ubicado en Las Ramblas. Allí los manifestantes, unos 50, han portado pancartas y han leído un manifiesto reclamando la vinculación de las prestaciones al IPC acumulado.
Las manifestaciones más numerosas se han celebrado en Madrid y Bilbao. En esta última ciudad, la marcha, convocada por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, ha contado con la participación de miles de personas y en ella han estado presentes grupos procedentes de Guipúzcoa y Álava y de todas las comarcas de Vizcaya. Los manifestantes han reclamado por las calles de Bilbao que las pensiones se revaloricen de acuerdo con el IPC «real» y no con un índice medio «tramposo». «Nos están vendiendo que las pensiones se están revalorizando con el IPC y nos están engañando», ha destacado la portavoz del movimiento de pensionistas, Andrea Uña, quien ha precisado que los precios subieron hasta noviembre de 2021 un 5,5 % y a los pensionistas se les ha aplicado un «IPC medio» del 2,5 %, con lo que las pensiones se han «empobrecido» un 3 %. «Basta ya de mentiras, que no se inventen IPC medios y nos den el IPC real», ha reclamado la portavoz. Además de que se garantice el IPC real, los pensionistas vascos han reclamado que no haya «pensiones por debajo del umbral de la pobreza» y que se garanticen «pensiones públicas dignas, justas y suficientes».
La manifestación celebrada en Madrid ha reunido a algo más de mil personas, que han recorrido varios calles del centro de la ciudad para finalizar al lado del Congreso de los Diputados, donde se ha leído un manifiesto. Al igual que en Bilbao, han denunciado las reformas que se están haciendo en las pensiones, que dicen están mermando su poder adquisitivo por esa revisión de acuerdo con un IPC promedio y no con el IPC acumulado anual. Las asociaciones convocantes han exigido que se garantice para 2022 y años sucesivos el poder adquisitivo de las pensiones, revalorizándolas en función del incremento del «IPC real» (el IPC acumulado anual), como se venía haciendo antes de la reforma de 2011, y compensar la pérdida del 3 % del poder adquisitivo de las pensiones en 2021. Han pedido también eliminar la brecha de género en salarios y pensiones, y aumentar la pensión mínima hasta equipararse al salario mínimo interprofesional (SMI).
Han recordado que más de la mitad de las pensiones en España están por debajo del salario mínimo y dos millones de personas cobran pensiones de no más de 650 euros. Han demandado también que se garantice el carácter público del sistema de pensiones y han rechazado su privatización total o parcial, con cualquier fórmula, así como poner fin a la «brecha de género» en las pensiones, cuya cuantía media para las mujeres es un 37 % inferior a la de los hombres. Leopoldo Pelayo, portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas (COESPE), en declaraciones a los medios de comunicación, ha acusado al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, de querer potenciar los planes privados de empresas y ampliar el periodo de cómputo de años de cotización para las pensiones. Ha dicho que una ampliación anterior del periodo de cómputo de años cotizados para la pensión ya provocó una reducción en las pensiones del 20 %. Pelayo ha advertido de que seguirán en las calles para que no haya «nuevos recortes» en las pensiones, al igual que hoy, en que ha señalado que se celebraban también movilizaciones en Galicia, Cataluña, País Vasco y muchos otros puntos de la geografía nacional. Ha habido también una protesta en Badajoz, en Extremadura, frente a la Delegación del Gobierno, y en Navarra ha habido protestas en Pamplona.