El nombre del cómico David Suárez ha cobrado una súbita relevancia. Este influencer se sienta desde este pasado lunes en el banquillo de los acusados por un delito de odio asociado a un comentario sexual en Twitter sobre mujeres con síndrome de Down. En una publicación hizo un supuesto chiste que aunaba felaciones y chicas con ese tipo de trastorno genético. El caso se juzga ahora en los tribunales y trae a colación una vieja controversia: ¿debe primar el derecho a la libertad de expresión a toda costa? ¿Se puede hacer humor con todo y de cualquier forma?
Por el momento esas cuestiones más de fondo resuenan entre variados argumentos en tertulias y en las redes sociales, mientras en el tribunal se dirimen los pormenores de un caso ciertamente desagradable. No son minucias; al humorista la fiscalía le reclama un año y diez meses de prisión y más de 3.000 euros de multa, así como la inhabilitación para el ejercicio de su profesión durante cinco años y concretamente en redes sociales durante el tiempo de condena. Sería, pues, su final como cómico.
Suárez se ha tratado de defender en el juicio, afirmando que era «un chiste más» con el que «no quería vejar» a personas de este u otro colectivo, y ha añadido que no tiene problemas «en pedir disculpas a quien se pueda ofender». La Audiencia Provincial de Madrid dará su veredicto. Según el escrito de acusación los hechos se circunscriben a un tuit «de contenido humillante y vejatorio» que el cómico publicó el 18 de abril de 2018 en el que decía: «El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down». El mensaje sigue publicado en su cuenta de Twitter, y ha generado en este tiempo miles de interacciones.
El humorista ha tratado de establecer una diferenciación. Ha dicho que el autor del tuit es en verdad un «personaje ficticio» que «nada tiene que ver» con su «yo real» y que es, en todo caso, quien sale «malparado» por sus chistes. Se trata de un argumento similar al utilizado en su día por Dani Mateo, cuando hace un tiempo le cayeron de todos los colores por un gag en El Intermedio con Franco y la bandera de España. En el juicio, el acusado hizo hincapié en que se dedica al humor negro, y que su intención no es «vejar a ninguna persona o colectivo». «No tengo problema en pedir disculpas a quien se pueda ofender», ha aseverado. Muchos se han podido ofender, ciertamente.
Este caso ha originado aun otra derivada, en este caso más puramente jurídica. Y es que hay analistas y letrados que coinciden en señalar que un pretendido chiste de este tipo, por muy de mal gusto que sea, no debería abordarse por la vía penal, siempre la última vía a la que la Justicia debe recurrir. En esta ocasión una denuncia civil y una multa podrían ser unas acciones coercitivas adecuadas para resarcir a las personas que se hubieran sentido ofendidas por las palabras del acusado. En todo caso, España sigue siendo ese país que encarceló a unos titiriteros.