La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se ha comprometido a invertir 779 millones hasta 2027 para reducir la pobreza infantil, que alcanza «cifras inaceptables» en España, con la aplicación de la Garantía Infantil Europea, de los que 527 millones proceden de fondos europeos.
Belarra ha lamentado que en España más de 2 millones de menores vivan bajo el umbral de pobreza moderada y más de 400.000 en situación de pobreza severa, con especial preocupación por los menores de 6 años.
El Gobierno prepara un Plan de Acción Nacional, que prevé tenerlo listo en marzo, para trasladar en España las medidas necesarias que reduzcan la pobreza infantil, con el Fondo Social Europeo Plus y a través del programa Garantía Infantil Europea, que compromete a los Estados a aportar un porcentaje de la cantidad recibida.
El objetivo del programa europeo es garantizar que todos los menores, especialmente los más vulnerables, tengan un acceso efectivo y gratuito a servicios básicos como la educación y cuidado infantil, educación y actividades extraescolares, al menos una comida saludable por día lectivo y salud, y acceso efectivo a vivienda adecuada y nutrición saludable.
«La pobreza no es solo monetaria, es también no tener acceso a una atención sanitaria pública y gratuita, es no poder ir al colegio o no hacerlo en las mismas condiciones que tus compañeros y compañeras, es no tener vivienda digna y a un precio asequible, es no poder mantener una dieta sana y equilibrada», ha explicado Belarra en la presentación del documento que servirá de base al Plan de Acción.
En el acto celebrado en la Oficina de la Comisión Europea en España, la ministra ha anunciado un paquete de medidas de apoyo a las familias, de carácter universal, para los primeros 3 años desde el nacimiento del bebé, que incluirá en la ley de diversidad familiar que prepara el Gobierno.
«Será un paquete que incluirá medidas encaminadas a garantizar un entorno saludable y seguro donde se desarrolle la crianza, el acceso a un sistema sanitario y educativo universal, y a una alimentación saludable para todos y todas».
Pero también su ministerio va incluir en la ley de familias la aprobación de una renta de crianza de 100 euros al mes para todos los menores y la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad hasta los seis meses, propuestas que han quedado fuera de los Presupuestos de 2022. «Seguiremos reclamando esas medidas», ha dicho.
«Llevamos más de una década sin ser capaces de reducir el número de niños que viven en riesgo de pobreza infantil», ha lamentado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, quien ha reconocido la preocupación del Gobierno por el hecho de que España sea uno de los países «a los que más cuesta» sacar a los niños de esta situación.
«Casi un tercio de niños vive en hogares en situación de pobreza o exclusión social y esto exige medidas contundentes e inmediatas», ha opinado el secretado de Estado.
El Gobierno abordará la aplicación del programa Garantía Infantil en una próxima reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para noviembre, pero también lo analizará con el Consejo Estatal de participación, recién creado, en el que los niños pueden hablar sobre las políticas públicas que les afectan.
En la presentación del documento ha intervenido también el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, quien ha destacado la oportunidad de aprovechar «de forma coordinada» la financiación de los fondos europeos destinados a reducir tasas de pobreza infantil que son superiores a la media europea, como es el caso de España.
Antes de la covid, España ya era el tercer país de la UE con mayores tasas de pobreza infantil (un 27,4 %), solo por detrás de Rumanía y Bulgaria, pero algunos indicadores como el de carencia material severa «muestran que se han incrementado las desigualdades y deteriorado la situación de los colectivos más vulnerables», expone el documento elaborado por Unicef y por investigadores del CSIC y de la Universidad de Alcalá.
«Los niños, niñas y adolescentes en situaciones familiares precarias son los que sufren las mayores tasas de pobreza y exclusión social; también los niños con discapacidad, los pertenecientes a la minoría gitana o los de origen migrante, son los que se enfrentan a mayores dificultades», alerta el informe.
«Tenemos por delante la oportunidad de reducir significativamente la pobreza infantil, y vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en conseguir que cada menor tenga acceso a una educación, nutrición, vivienda o atención sanitaria de calidad», ha concluido Gustavo Suárez Pertierra, presidente de Unicef.