La defensa de César Román, alias el 'Rey del Cachopo, ha emprendido acciones legales contra sus exparejas y la madre de Heidi Paz por varios delitos cometidos en el marco del procedimiento judicial y en el juicio celebrado el pasado mayo, entre ellos falso testimonio.
El pasado junio, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Román a quince años de cárcel por el homicidio de su pareja Heidi Paz, cuyo torso se halló el 13 de agosto de 2018 en una de las naves que tenía el empresario para sus negocios de hostelería.
En el juicio, las exparejas del condenado, Sara y Natividad, describieron el perfil violento de Román, al igual que hizo Gloria Bulnes, madre de la joven hondureña de 25 años fallecida. También las acciones legales se dirigirán contra otros testigos en la vista oral como el taxista que trasladó a Román en un taxi horas más tardes de cometer supuestamente el crimen en el piso de la calle López Grass de Vallecas.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tiene sobre la mesa el recurso interpuesto por la abogada de Román por vulneración de derechos fundamentales. En su recurso, se cuestiona la investigación y la valoración de la prueba realizada por el jurado popular.
En un comunicado, la letrada Ana Isabel Peña explica que «los delitos que se presentan ante estos hechos son tanto públicos como privados, y van desde el falso testimonio, que consiste en un delito contra la Administración de Justicia, hasta querellas por injurias y calumnias e incluso querella por daños morales como es el caso de Natividad y Gloria».
Según la letrada, «en esta caza de brujas han participado demasiados actores, y no se puede permitir la mentira y el daño no sólo a una persona física, sino incluso a la Administración de Justicia». «Ya es hora de que se imparte Justicia contra los que realmente incurren en ilícito penal», asevera.
Manifiesta que «el circo montado» por los supuestos testigos de «hechos» van a tener que dar cuenta de su actuación ante los Juzgados de Instrucción, y «si no se retractan, pueden llegar a obtener una pena de prisión de hasta 3 años; que, en el caso del perito además se impondría en su mitad superior y consecuencias más graves que pueden afectar a su oficio».