El expresident de Cataluña Carles Puigdemont ha salido a las 18 horas de este viernes de la prisión de Sassari, en la isla italiana de Cerdeña, por decisión del Tribunal de Apelación de esta ciudad, que hoy ha acordado dejarle en libertad sin ninguna medida cautelar y citarlo a declarar el 4 de octubre.
Puigdemont fue arrestado la noche del jueves a su llegada al aeropuerto de Alguer cuando las autoridades judiciales italianas ejecutaron la euroorden que el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, cursó por un delito de sedición y otro de malversación el 14 de octubre de 2019. Italia actuó así porque el expresident ya no goza de la inmunidad parlamentaria como eurodiputado desde el pasado 30 de julio, cuando se la retiró la Justicia europea.
Desde allí fue trasladado a la prisión de alta seguridad de Sassari y esta tarde ha pasado a disposición judicial del Tribunal de Apelación de Sassari, que ha celebrado una vista para decidir sobre la situación procesal del expresident, huido de la Justicia española tras la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia en octubre de 2017.
En sus primeras declaraciones al salir de prisión Puigdemont ha dicho que «España no pierde nunca las oportunidades de hacer el ridículo», y ha añadido que la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre su libertad de movimientos, dada su condición de eurodiputado, es «clarísima», antes de expresar su «total con fianza» en que no será extraditado.
Puigdemont ha participado telemáticamente en la vista, tras la cual el juez ha considerado que su arresto se realizó de acuerdo con la ley, pero ha decidido dejarle en libertad sin ninguna restricción de movilidad, según ha explicado su abogado en Italia, Agostinangelo Marras, tras una confusión inicial en la que entendió que su cliente no podía salir de la isla.
El Tribunal ha citado a Puigdemont para el 4 de octubre, dado que, como ha explicado el letrado, «esta era la primera fase la audiencia por la convalidación de la detención y la aplicación o no de medidas cautelares. Después la Corte tendrá que decidir si existen las razones para que el Puigdemont sea entregado o no».
Entonces analizará el fondo del asunto, para lo que deberá analizar la documentación que el magistrado Pablo Llarena, que instruye la causa contra Puigdemont en el Supremo, remitirá a la autoridades judiciales italianas el lunes, estas son la euroorden así como la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia de la UE.
Llarena ha dirigido esta mañana un oficio al tribunal italiano, en el que deja claro una serie de cuestiones: que la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) está «actualmente en vigor» y que «el procedimiento judicial del que deriva la euroorden está activo y pendiente de la captura de los procesados en situación de rebeldía».
Pero también que la tramitación de la cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la UE «no modifica la situación en que se encuentra actualmente el procedimiento, sin perjuicio de que deba acomodarse en su día a la interpretación que del derecho europeo, y sobre las estrictas cuestiones suscitadas, realice el TJUE».
Junto a la documentación del Supremo, la corte italiana estudiará el que quizás es el punto clave a resolver en el caso Puigdemont, que no es otro que la suspensión de la inmunidad parlamentaria acordada por el Tribunal General de la UE (TGUE) el pasado 30 de julio.
De hecho, la Justicia europea se puede erigir en árbitro de este proceso y condicionar el procedimiento abierto en Italia, dado que dio la posibilidad a Puigdemont de volver a recuperar esa inmunidad solicitando medidas cautelares en caso de detención.
Esto es así porque cuando el TGUE resolvió no devolverle la inmunidad lo hizo cautelarmente puesto que aun tenía que resolver sobre el fondo de la cuestión, es decir el recurso que Puigdemont interpuso contra la decisión de la Eurocámara de aprobar el suplicatorio que el Supremo pidió contra él y los eurodiputados de JxCAT Toni Comín y Clara Ponsatí.
Esta variante la conoce el equipo jurídico del expresident hasta el punto de que esta mañana sus abogados han anunciado que presentarán una nueva demanda, «probablemente hoy o lo antes posible», ante el TGUE para que le devuelva la inmunidad.
Simon Beckaert, su abogado en Bélgica, ha recordado como en el punto 54 del auto del 30 de julio, el Tribunal General de la UE indicó que «las autoridades españolas manifestaron la suspensión (...) de cualquier procedimiento de ejecución de una euroorden que pueda haber sido iniciada».
Y que esas mismas autoridades judiciales, en relación al Tribunal Supremo, «también manifestaron que ningún Tribunal de la UE podrá ejecutar las euroordenes hasta que se haya pronunciado el Tribunal de Justicia de la UE» respecto de la cuestión prejudicial planteada por Llarena, sobre el alcance y tramitación de las euroordenes.
Otro aspecto a tener en cuenta en la nueva demanda, según su equipo, es que con su detención se le está «impidiendo» acudir a la Eurocámara para ejercer de eurodiputado, para lo que sí tiene inmunidad, tal y como expuso el TGUE en el auto del 30 de julio.