El Gobierno ha decidido rebajar hasta final de año el impuesto especial eléctrico del 5,11 % al 0,5 % que graba el recibo de la luz de hogares y empresas y que cobran las autonomías, que podrán ser compensadas por ello en caso de que afecte a su financiación.
Esta medida está incluida en el real decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros para amortiguar el impacto en el recibo de la luz de los altos precios alcanzados en el mercado mayorista eléctrico, actualmente en máximos históricos, por el encarecimiento del gas y de los derechos de CO2.
Además, el Ejecutivo ha ampliado también hasta final de año la suspensión del impuesto a la generación (7 %), que pagan las productoras, aprobada en junio, cuando también rebajó el IVA que graba el recibo de la luz del 21 al 10 % para los usuarios de hasta 10 kilovatios (kW) de potencia contratada hasta el 31 de diciembre (fecha que no se ha modificado).
El real decreto-ley incluye también destinar 900 millones adicionales, hasta un total de 2.000 millones, de las subastas de CO2 a rebajar los cargos del sistema, así como la celebración de subastas de electricidad que aportarán liquidez y competencia en los mercados a plazo y beneficiará, sobre todo, al tejido industrial y a los comercializadoras independientes.
Así, los grupos empresariales dominantes (Endesa, Ibedrola, Naturgy y EDP) estarán obligadas a ofertar electricidad de forma proporcional a su cuota de mercado y las comercializadoras independientes, así como los grandes consumidores, podrán adquirirla y suscribir con ellos contratos a plazo con un período de liquidación igual o superior a un año.
El Ministerio para la Transición Ecológica aprobará un calendario para estas subastas y la primera tendrá lugar antes de que acabe el año; Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP (que podrán rechazar ofertas por debajo de un precio que establecerá la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) ofertarán 15.830 gigavatios (GWh), el equivalente al 6,3 % de la demanda eléctrica nacional de 2020.
La norma prevé también la reforma de la tarifa regulada –el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)– para que incorpore la referencia de precio de la subasta con una ponderación máxima del 10 %, han explicado desde Transición, que han apuntado que las comercializadoras libres que adquieran energía por esta vía deberán indicarlo en las facturas de sus clientes.
Según el Gobierno, la aplicación de esta plan de choque dejará el esfuerzo económico de los consumidores para cubrir su demanda de electricidad este 2021 en el mismo nivel que en 2018 (sin considerar el IPC), unos 600 euros anuales en el caso de un consumidor medio en baja tensión.
Según la misma fuente, estas medidas implicarán bajar la parte regulada del recibo de las facturas finales de los consumidores en una horquilla que abarca desde el 47,2 % de los hogares hasta el 24,5 % de la gran industria.
Las eléctricas deberán devolver lo ganado de más por altos precios del gas
Las eléctricas deberán devolver temporalmente los beneficios «extra» que están obteniendo en el mercado eléctrico mayorista (pool) como consecuencia de los altos precios internacionales del gas y que, según estimaciones del Gobierno, a precios actuales sumarán unos 2.600 millones de euros.
Esta medida, que se aplicará hasta el 31 de marzo de 2022 y cuyos ingresos se destinarán a reducir los cargos que pagan todos los usuarios en su factura eléctrica, forma parte del plan de choque aprobado por el Consejo de Ministros vía real decreto-ley para amortiguar el impacto en el recibo de la luz de los altos precios del pool, que desde julio se encuentra en máximos históricos.
Las instalaciones afectadas por esta media son nucleares, hidráulicas y renovables a mercado (aquellas que no reciben primas ni han participado en subastas), salvo aquellas con capacidades instaladas de menos de 10 megavatios (MW).
En toda la Unión Europea, el precio mayorista de la luz se fija por horas tras casar la oferta de los productores con la demanda prevista por Red Eléctrica y mediante un sistema marginalista que implica que la última central en entrar (generalmente la más cara) sea la que marque el precio al que serán retribuidas todas las que aporten energía en esa hora, independientemente de su estructura de costes variables.
Según datos del operador del mercado OMIE, durante el mes de agosto y los primeros ocho días de septiembre, los ciclo combinados (centrales de gas) marcaron precio durante el 24 % de las horas a una media de 119 euros el megavatio hora (MWh).
La hidráulica tradicional fijó precios el 49 % del tiempo a una media de 113,7 euros MWh, 5,3 euros menos, aprovechando lo que se conoce como «coste de oportunidad» del gas, es decir, ofreciendo precios ligeramente inferiores a los de los ciclos.
El objetivo es que las empresas devuelvan hasta el 90 % de esos beneficios extraordinarios, sobrevenidos súbita e inesperadamente por los desajustes en los mercados internacionales del gas, han explicado fuentes del Ministerio para la Transición Tecnológica, que han señalado que la medida estará vigente hasta marzo del año que viene, cuando se prevé que los precios gasistas comenzarán a bajar.
La fórmula de cálculo establece un «suelo» a partir cual no se aplicará el sistema: cuando el precio del megavatio hora en el mercado organizado del gas español (MIBGAS) sea de 20 euros o menos, y las compañías deberán ingresar los beneficios a mes vencido en unas cuentas que creará la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
Esta medida se adelanta a una de similares características, actualmente en tramitación parlamanteria, y que hará que hidráulicas, nucleares y eólicas de antes de 2003, vean minorados los beneficios que obtienen por no emitir CO2.
Según la mismas fuentes, no contraviene la normativa comunitaria, en tanto en cuanto es temporal, no afecta al funcionamiento del mercado y su aplicación está justificada por la urgente necesidad ante el encarecimiento del gas.
Por otro lado, el real decreto-ley modifica la Ley de Aguas para ordenar el uso del agua como bien ambiental y social de primer orden y evitar «súbitos» desembalses como los registrados este verano en algunas cuencas.
Así, al inicio de cada año hidrológico, las confederaciones hidrográficas fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 Hm3 , tanto para situaciones de normalidad hidrológica como de sequía prolongada, así como un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes. EFE