El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley que persigue minorar los beneficios de centrales eléctricas hidráulicas, nucleares y eólicas de antes de 2003 con el fin, a su vez, de aliviar la factura eléctrica de los consumidores y la industria.
Para ello, la normativa, que se tramitará por la vía de urgencia para acelerar su trámite parlamentario, recorta los ingresos extraordinarios que obtienen las centrales de generación que no emiten CO2 anteriores al nacimiento del mercado europeo de carbono.
«Confiamos en contar con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias», ha subrayado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha dicho que esta ley se sumará a las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar los elevados precios de la luz, como la rebaja del IVA del 21 al 10 % y la suspensión del impuesto a la generación, que permitirán una rebaja del recibo de los hogares del 12 %.
El texto que se remitirá al Congreso incorporará cambios para incorporar aportaciones de los agentes implicados, como, por ejemplo, establecer un precio mínimo del CO2 (20 euros por tonelada) a partir del cual se activará el mecanismo, con el fin de garantizar la rentabilidad y viabilidad de las plantas, según Ribera.
La futura norma plantea recortar los ingresos que reciben las centrales nucleares, el 80 % de la potencia hidroeléctrica instalada y los parques eólicos anteriores a la publicación de la Directiva 2003/87/CE, que creó el mercado europeo de CO2 en 2003 (inicialmente se fijó 2005 como año de referencia).
Los elevados precios de este mercado (ETS, por sus siglas en inglés) se repercuten en el mercado mayorista de la luz y, actualmente, proporcionan a esas plantas unos beneficios extraordinarios (denominados dividendo del carbono o beneficios caídos del cielo) que no se consideran adecuados.
Para determinar la cuantía del dividendo de carbono a detraer, el borrador normativo recoge una fórmula matemática que tiene en cuenta elementos como la producción eléctrica de las instalaciones afectadas y el precio del CO2 en el ETS, a partir de su valor medio desde que el mercado se reformó en 2017 hasta la actualidad.
De acuerdo con dicha fórmula, la minoración de ingresos puede oscilar entre 199 millones de euros anuales, con la tonelada de CO2 a 30 euros, y 1.691 millones, con la tonelada a 100 euros.
Con los actuales precios, el importe de la minoración sería de unos 625 millones, alrededor del 16 % de la facturación media de las instalaciones, según la ministra, que ha subrayado que el 10 % se destinará a combatir la pobreza energética, concretamente, a los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social.
El otro 90 % cubrirá costes del sistema eléctrico, priorizando la financiación de los mecanismos de capacidad en vigor, y destinando el excedente a financiar los cargos del sistema eléctrico.
«Esto permitiría bajar la factura final de todos los consumidores, en un rango que abarca desde el 2,5 % en el caso de un hogar hasta el 0,85 % para una gran industria, según la actual coyuntura», ha añadido Ribera.
La norma coincidirá en el Congreso con el proyecto de ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que cargará parte de las primas a las renovables a gasistas y petroleras.
Según el Ejecutivo, la combinación de ambas normas abaratará permanentemente la factura eléctrica de los hogares hasta el 15,4 % al quinto año de su aplicación (4,93 % en el primero) y hasta el 1,6 % en el caso de una gran industria (0,85 % el primero).