El Ministerio de Sanidad descarta por ahora ampliar el uso del certificado COVID digital de la UE para acceder a interiores de bares y restaurantes porque «sería complicado» ya que solo está regulado para facilitar la movilidad, pero las comunidades pueden, y de hecho ya lo están haciendo, pedir pruebas de vacunación o diagnósticas con este fin.
«El amparo legal es el que tiene: es para garantizar una movilidad segura en todo el territorio de la UE», dijo ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, CISNS, en el que algunos consejeros plantearon esta cuestión.
Previamente, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, había dejado en manos del CISNS la posibilidad de habilitar este certificado para entrar a establecimientos, aunque para ello es preciso dar las oportunas garantías jurídicas.
Sin embargo, según Darias, el amparo legal que tiene el certificado digital de la UE, que se obtiene con la pauta completa de vacunación, una prueba negativa o de haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses, es el de garantizar una movilidad segura entre territorios; es el uso que está regulado con el respaldo reglamentario del Parlamento Europeo.
Hasta la fecha, España emitió más de 11,3 certificados COVID digitales, en su inmensa mayoría a personas vacunadas con la pauta completa: el 44 % de este colectivo cuenta ya con este documento que hace más fácil moverse entre países.
Aclaración
Pero darle otro uso que no sea éste «sería complicado», si bien la ministra de Sanidad aclaró que si no es el certificado digital de la UE, las comunidades pueden adoptar las medidas que «estimen oportunas» dentro de sus competencias y echar mano de otro tipo de documentos.
Y «ya hay varias que están abriendo este camino»: es el caso de Canarias o Galicia, que piden certificados de vacunación o pruebas negativas; países como Francia sí que extendieron el uso del pasaporte COVID europeo, si bien en este caso, precisó Darias, su «situación es diferente a la de España».
La última fue Melilla, que exigirá el certificado COVID a mediados de agosto para entrar o hacer uso de las instalaciones deportivas municipales, o participar en eventos culturales o de festejos como conciertos, auditorios o teatro, así como para cualquier actividad recreativa que implique aglomeración de personas.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se mostró partidario de exigir un certificado COVID para acceder al interior de algunos establecimientos, una medida que rechazan otras comunidades como la valenciana, que aboga por completar la vacunación; otras como Madrid piden una estrategia común. Pero la posición de Sanidad es la de seguir manteniendo el foco en seguir «vacunando a todo el mundo para dar las mismas oportunidades a toda la población de nuestro país».
Por otra parte, Darias anunció que la curva de la quinta ola de COVID empieza a aplanarse, y la incidencia acumulada a 14 días ha bajado a los 699,84 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 701,92 del martes.
En rueda de prensa tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, Darias señaló que estos datos hay que cogerlos con «cautela» y «prudencia», aunque incidió en que empieza el «descenso del crecimiento y la entrada en una zona de meseta».
El Ministerio de Sanidad registró, con datos aportados por las comunidades autónomas, 27.149 nuevos casos de coronavirus, de los que 15.650 fueron diagnosticados en las últimas 24 horas y 73 fallecidos.