La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha garantizado este lunes que «sin lugar a dudas» los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se prorrogarán más allá de septiembre si es necesario porque «no tiene sentido dejar caer» ahora este sistema.
En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Díaz ha expresado que los efectos de la pandemia sobre el turismo internacional harán necesaria, «por desgracia» una nueva prórroga de los ERTE y ha indicado que antes de que finalice septiembre Gobierno y agentes sociales volverán a reunirse «para dar certezas» a empresas y trabajadores.
«Ojalá pueda decir que no es necesario, pero si es necesario se desplegará y ojalá pueda comparecer para decir que es la última prórroga», ha apuntado la ministra, que ha recordado que en la reforma del mercado laboral que se está discutiendo con los agentes sociales se va a implantar un mecanismo estructural que actuará de manera similar a los ERTE de pandemia para evitar despidos en las empresas.
Por otro lado, Díaz ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al resto de miembros del Ejecutivo que tengan con el salario mínimo interprofesional (SMI) «la misma valentía» que con los indultos a los presos independentistas y se suba este mismo año esta renta mínima.
«Mi posición es conocida. Un Gobierno progresista debe mirar por los más débiles», ha afirmado la ministra, que ha añadido que no es tan importante cuánto se suba el SMI este año, como que se suba, pues sus perceptores, que están fuera de convenio colectivo, están perdiendo poder adquisitivo con un IPC del 2,7% y con unos precios de la gasolina y de la luz «que no paran de subir».
Díaz no ha querido desvelar el contenido de la reunión que ha mantenido con Sánchez para hablar del SMI, pero ha dejado claro que vincular la pérdida de puestos de trabajo con el alza del salario mínimo «es un enorme error» y «pura ideología».
«Los datos han demostrado lo contrario (...) La misma valentía que tuvimos en el Gobierno con el despliegue de los indultos toca ahora tenerla con la gente que lo está pasando mal. En 2023 no se nos vamos a juzgar por los indultos. Se nos va a juzgar por la gente que está sufriendo y ahí es donde hay que estar», ha subrayado.
La vicepresidenta ha recordado que los salarios pactados en convenio están subiendo entre un 1,5% y un 1,8% y que «le duele» que los perceptores del SMI estén perdiendo poder de compra porque «son los que más necesitan» que se les ayude.
«Lo hemos subido a los pensionistas, lo hemos subido a los empleados públicos (...) No podemos competir con una política salarial impropia de una economía relevante. Seamos coherentes, prácticamente todos los países de la UE han subido los salarios en esta crisis», ha insistido la vicepresidenta.
La ministra, que ha dicho que convocará a los agentes sociales para hablar de este tema, ha añadido además que este asunto del SMI es además «un factor de crispación social» por «injusto», pues no se trata de trabajadores con convenios colectivos buenos, sino de trabajadores que constituyen «el eslabón más débil» de la cadena.
Sobre los datos de paro y afiliación, la ministra ha indicado que «estos días continúan en la misma senda» que en junio y que «permiten vislumbrar cierta recuperación económica».
«Por fin estamos viendo la luz al final del túnel. Siguen siendo preocupantes en términos estructurales, pero tenemos una tasa de paro inferior a toda la serie histórica con la mayor crisis del mundo», ha enfatizado.
Aunque la tendencia es positiva, ha recordado que el mes de agosto suele ser un mes tradicionalmente malo para el empleo. En todo caso, la vicepresidenta ha insistido en que esta crisis ha demostrado que las políticas de protección desplegadas por el Gobierno han permitido volver a cifras prepandemia «casi en tiempo récord», en contraste con las políticas de austeridad que llevó a cabo el PP en la crisis financiera y con la que se tardó «diez años y once meses» en salir de la crisis.
Sobre la reforma fiscal, la vicepresidenta ha denunciado que aunque el Impuesto sobre Sociedades es similar al europeo, las bonificaciones que se aplican en España a las empresas hacen que «con suerte», con un tipo del 15%, acaben por tributar al 3% ó al 1%, una «enorme brecha que supone miles de millones de euros».
«No se trata de pagar más impuestos, sino de saber quién paga. Ya sabemos que los trabajadores pagan impuestos (...) Hay que hacer pedagogía con los ingresos públicos», ha señalado la vicepresidenta que, al ser preguntada por si en los Presupuestos de 2022 habrá medidas tributarias, se ha remitido a la negociación entre el PSOE y Unidas Podemos.
«Vamos a trabajar el Presupuesto. Yo soy optimista. Tiene que ser un Presupuesto ambicioso, que aborde las pensiones mínimas y no contributivas. Vamos a ver qué pasa en la negociación», ha añadido.