Los políticos del procés serán excarcelados en las próximas horas, después de que el Gobierno haya aprobado en el Consejo de Ministros los indultos. Según los plazos previstos, el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa; y los presidentes de las asociaciones Òmnium y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez podrían salir de la cárcel de forma inminente.
Sin embargo, es posible que la imagen de la salida de prisión de los políticos sea complicada de captar. La mayoría de los presos se encuentran de permiso por el puente de San Juan, desde este miércoles y pueden extenderse hasta el sábado, y recibirán la notificación de su puesta en libertad estando en casa. Ello dependerá de cómo se lleven a cabo los trámites burocráticos, es decir, los pasos y plazos para la liberación de los condenados.
El primero de los pasos para que puedan salir de prisión es la aprobación de los indultos que ya ha tenido lugar este martes por la mañana en el Consejo de Ministros. En principio, el siguiente paso sería su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en las siguientes horas. Esto quiere decir que, salvo interrupción excepcional, en el diario aparecerán publicados este mismo martes nueve reales decretos -uno por cada petición de indulto para cada condenado- con la firma del jefe del Estado, en este caso el rey Felipe VI, y del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Sin embargo, en el momento en el que el Gobierno comunique oficialmente al tribunal los indultos, el Supremo podrá ordenar la puesta en libertad incluso antes de que el BOE publique los decretos en los que se plasman esas medidas de gracia. La intención de los magistrados es facilitar los trámites todo lo posible para que bien este martes o mañana miércoles sean puestos en libertad. Para ello, el Ejecutivo debe informar al tribunal que a su vez dictará una providencia para ejecutar el decreto del Gobierno y remitir un mandamiento a las prisiones correspondientes en el que ordene la puesta en libertad de los beneficiados.
La ley de 1870 señala que «la aplicación de la gracia habrá de encomendarse indispensablemente al tribunal sentenciador», es decir, corresponde a los magistrados que se opusieron a su concesión en el informe que solicitó el Gobierno. En principio, al no ser necesaria una nueva liquidación de condena, el tribunal dará por extinguidas las penas de prisión y puede incluso comunicarlo a las prisiones antes de dictar el auto correspondiente.
En ese auto es previsible que se haga alusión a la condicionalidad que ha establecido el Ejecutivo para los indultos, que podrán ser revertidos si los beneficiados por la medida de gracia incurren en algún delito grave en un período de tiempo que va entre los tres y seis años.