El portavoz de la Asociación Irídia, Andrés García Berrio, ha asegurado que el 29 de octubre de 2020 hubo una «agresión» de siete policías a un interno del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, mientras que la Policía ha afirmado que aplicaron el protocolo de contención porque se autolesionaba.
Lo ha dicho en una rueda de prensa este martes, en la que García Berrio ha explicado que el interno era contacto estrecho de una persona positiva de Covid-19 y que por eso se encontraba aislado, lo que le provocó una situación de «estrés» que le llevó a autolesionarse.
Han mostrado un vídeo del presunto episodio y representantes de otras entidades han lamentado supuestas vulneraciones de derechos y trato discriminatorio de los migrantes, así como la situación «agravante» de los CIE.
Según han explicado fuentes policiales a Europa Press, un joven interno se estaba autolesionando, por lo que «se le llevó a una sala de observación 24 horas y se le aplicó el protocolo de contención para evitar que se golpeara contra las paredes con un casco y unos guantes».
«Nosotros grabamos las imágenes de las cámaras de seguridad y se le pasaron al juez, que, después de ver todas las imágenes, no solo las que han salido en redes sociales, generó una sentencia», han asegurado las mismas fuentes.
El juez descarta una investigación
Según el auto consultado por Europa Press, el magistrado del juzgado de Instrucción 21 de Barcelona ha descartado investigar el caso al concluir que las lesiones «se las debió infligir» él mismo debido a su situación psicológica y no por la actuación de los agentes.
Sin embargo, el portavoz de Irídia ha asegurado que lo que el interno necesitaba en ese momento era una intervención médica, no policial.
«Nosotros fuimos alertados de la agresión por otros internos, y los directores del CIE nos prohibieron la entrada en el centro», y ha lamentado que los familiares, amigos ni abogados de las organizaciones de derechos humanos no puedan visitar a las personas internas.
García Berrio ha defendido que los internos positivos o contactos de Covid-19 deberían estar aislados en centros sanitarios y no en el propio CIE, y ha asegurado que la situación del centro «es una vulneración de derechos humanos, no solo una mala praxis».
El abogado de la Fundación Migra Studium, Josetxo Ordóñez, ha explicado que el pasado jueves presentaron una nueva queja a los juzgados pidiendo que los voluntarios de las entidades puedan entrar en los CIE para hacer su trabajo, y ha asegurado que todavía no han recibido «una respuesta judicial clara y congruente».
Finalmente, la portavoz de Tanquem el CIE, Nati Oliveira, ha explicado que más de 100 entidades han convocado una manifestación el próximo sábado a las 18 horas ante el CIE de la Zona Franca, y ha animado a la ciudadanía a asistir para «revertir la violencia institucional».
Ha criticado el incumplimiento de los derechos fundamentales dentro del centro y ha añadido que las personas internas están «sobreaisladas e incomunicadas de sus familias y amigos».
Desde la entidad Regulación Ya, los portavoces Victoria Columa y Lamie Sarr han exigido el cierre definitivo de los CIE y justicia social e igualdad de trato, y han manifestado que las políticas migratorias del Gobierno «distan de alcanzar los derechos democráticos».