El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia al «coste» político que pueda tener para su Ejecutivo un futuro indulto de los líderes independentistas catalanes porque «ayudar a resolver problemas no representa un coste» y por el bien de la «cohesión» y la «concordia».
En medio de la creciente polémica por esta decisión, que ya está sobre el tejado del Gobierno y a la que han expresado sus reticencias destacadas figuras del PSOE, Sánchez ha apostado por abrir «una nueva etapa» que deje atrás «un mal pasado».
Ha sido durante la rueda de prensa tras la cumbre hispano-polaca celebrada este lunes en Alcalá de Henares, en la que el presidente del Gobierno ha dejado claro que esa decisión la tomará el Ejecutivo «en conciencia» y no pensando en los efectos negativos que pueda tener.
Para Sánchez, lo importante ahora son «los millones de catalanes que quieren vivir en paz y que quieren superar el desgarro emocional» que supuso lo sucedido el año 2017 al transitar «de un mal pasado a un futuro mejor» desde la «concordia» y la «cohesión».
De forma paralela a esa decisión para la que aún no hay fecha, el Gobierno trabaja también en una reforma del delito de sedición para rebajar las penas.
Una reforma que beneficiaría a líderes independentistas, como Carles Puigdemont, pendientes de juicio, pero que para Sánchez permitiría homologar este tipo penal al de los «países más avanzados».
Unos movimientos que han sido duramente criticados por la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.
El PP considera que esa posible reforma del delito de sedición sería un «traje a medida» tanto para los dirigentes independentistas condenados en el «procés» como para los «huidos» por el referéndum ilegal.
Según el PP, que ha confirmado que Pablo Casado acudirá a la manifestación de Colón del 13 de junio en contra de los indultos, esta es otra de las «grandes mentiras de Sánchez», porque se comprometió a hacer que Puigdemont respondiera ante la Justicia.
Por su parte, Vox ya ha avisado de que si se confirma el indulto a los condenados del «procés», acudirán primero a los tribunales y después convocarán a los ciudadanos a protestar en la calle.
Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas no ha confirmado si acudirá a la protesta de la plaza de Colón, pero ha aprovechado para acusar a Pedro Sánchez de «legitimar al separatismo» para «mantenerse» en el poder. En su opinión, los indultos que está «preparando» Sánchez no son indultos sino «insultos» a quienes «se han partido la cara en Cataluña defendiendo a España» y a los millones de catalanes «a los que el independentismo lleva pisoteando durante años».
Mientras llega esa medida de gracia, ERC ha instado al Gobierno central a retomar «lo más pronto posible» la mesa de diálogo sobre Cataluña, que se reunió una sola vez, en febrero de 2020, antes de quedar aparcada por la pandemia. Aunque aún falta configurar la composición de la delegación catalana en esta mesa de diálogo, ERC ha adelantado que desearía incluir en ella a Oriol Junqueras, uno de los líderes independentistas presos que podrían beneficiarse del indulto.
Una propuesta que no ha caído bien en las filas del PSC, que ha defendido que lo «lógico» es que en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat participen solo miembros de los respectivos ejecutivos, lo que excluye a Junqueras, que no es conseller.
Tampoco tiene prisa por recuperar esa mesa el propio Pedro Sánchez, que cree que lo primero que toca es reunirse con el nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
«Luego ya habrá tiempo de todas las reuniones que queramos», ha zanjado.