El Comité de Bioética de España (CBE) considera «ética y legalmente recomendable» que los menores de 60 años que hayan recibido una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y rechacen completar la pauta con Pfizer «firmen un protocolo de consentimiento informado específico» con su decisión.
Así lo ha expuesto el organismo en respuesta a la consulta que le remitió el pasado miércoles el Ministerio de Sanidad para conocer su opinión sobre si es correcto, desde el punto de vista ético, completar la pauta a estos pacientes con el suero anglosueco y, en ese caso, si debía ser bajo consentimiento informado.
El Comité en el informe, que no es vinculante ya que no es un órgano decisor, sino un órgano independiente meramente consultivo, considera que en el actual contexto de la pandemia, «en el que aún no disponemos de dosis de vacunas» para vacunar a toda la población, el suero a administrar no puede ser a demanda o elección de los individuos, «so pena de socavar los principios y valores éticos y legales que rigen la Estrategia de vacunación contra la Covid-19».
Y en el caso concreto de la vacunación contra el coronavirus, y «desde una perspectiva ético-legal», el CBS entiende que la decisión de los sueros a aplicar a cada grupo de riesgo debe ser tomada por las autoridades públicas, bajo el asesoramiento del Grupo de Expertos, la Ponencia de Vacunas y la Comisión de Salud Pública.
Decisiones las de las estos expertos que atienden al contexto «de escasez» del número de dosis de vacunas, las diferentes características de la reactogenicidad e inmunogenicidad de estos fármacos, el «diferente riesgo que supone el virus y la enfermedad de la Covid-19 para la vida, integridad y salud de los diferentes grupos de población, en especial, para las personas mayores», además de la propia evolución de la pandemia.
Y en el contexto surgido por la aparición del evento adverso «muy infrecuente pero grave» con la vacuna de AstraZeneca (con el nombre comercial de Vaxzevria), como es el síndrome de trombosis con trombocitopenia, el Comité señala que «no deben alterarse los criterios para la toma de decisiones en la estrategia de vacunación y permitir a las personas menores de sesenta años que recibieron una primera dosis de dicha vacuna elegir la vacuna de la segunda dosis».
Prosigue el Comité en sus conclusiones que tanto el propio interés individual, «basado en la ausencia aún de información suficiente» de los riesgos que se derivan de esta vacuna, como el colectivo representado en la Estrategia de Vacunación, junto a los diferentes principios ético-legales, «informan en contra de aceptar la libertad de elección de la vacuna por parte de dicho grupo de población».
«Sin perjuicio de todo ello, cabría aplicar una segunda dosis de Vaxzevria a aquellas personas en las que, constatado su firme rechazo a vacunarse con un esquema heterólogo (AstraZeneca con Pfizer) como el propuesto por la Comisión de Salud Pública, quedaran sin completar la vacunación, no como expresión de facultad alguna de elección, sino por el bien de la salud colectiva y de su propia salud individual», prosigue.
Subraya que si se ha propuesto y decidido que la vacunación sea no obligatoria «por el buen éxito de la misma» y en la mejor protección de la salud de la colectividad, «puede, éticamente, aceptarse que, en protección de la misma salud colectiva, e, incluso en este caso, de la salud individual, permitir al individuo que rechaza la segunda dosis con vacuna de ARNm, ser finalmente vacunado con Vaxzevria». Y en este sentido apunta: «Siempre, obviamente, que haya disponibilidad de esta vacuna».
Para el Comité, esta propuesta no supone una adaptación de la Estrategia al deseo de los individuos «sino una concreción de esas mismas bases al contexto actual» de «gran incertidumbre» pero «de esperanza por culminar con éxito la vacunación de toda la población y volver cuanto antes a la normalidad».
Reconoce que esta situación es «difícil de gestionar no solo para los propios responsables políticos y expertos científicos, sino también (y, en ocasiones, aún más) para los ciudadanos»: «La toma de decisiones en contextos tan difíciles ha de saber combinar la virtud de la decisión con la consecución de los fines perseguidos», continua.
«Parece ética y legalmente recomendable que las personas que rechacen vacunarse con un esquema heterólogo firmen un protocolo de consentimiento informado específico, que acredite documentalmente tanto su rechazo a la vacunación» como que «disponen de suficiente información sobre el riesgo de síndrome de trombosis con trombocitopenia» asociado a AstraZeneca.
«Ello no supone alterar o renunciar, en modo alguno, al criterio general de consentimiento verbal para la vacunación frente a la covid-19», recalca el Comité, que opina que en el consentimiento el individuo no debería explicar o argumentar las razones de rechazar Pfizer.
Este consentimiento escrito «operaría en este caso muy concreto y excepcional no solo como constatación por escrito de que el individuo ha tomado una decisión de rechazar vacunarse en un esquema de vacunación heterólogo, sino, también, de que conoce los riesgos de la decisión de solo aceptar vacunarse con una segunda dosis de la misma vacuna que recibió en primera dosis».