El instructor de la causa del Procés independentista en Catalunya, Pablo Llarena, ha citado este viernes, a las 10.30 horas, a la exconsellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat Meritxell Serret para comunicarle su procesamiento por desobediencia. La declaración indagatoria tendrá lugar una vez ha concluido la cuarentena por Covid-19 a la que tuvo que someterse.
La comparecencia estaba prevista para el pasado 8 de abril, pero tras comunicar el contacto cercano con un positivo tuvo que aplazarse. Así, tras manifestar al alto tribunal el resultado negativo de la prueba de detección de Covid-19, el magistrado dictó una providencia citándola de nuevo este viernes para practicar su declaración indagatoria.
Así, se le comunicará formalmente su procesamiento por un delito desobediencia, al decaer en principio el primer cargo que se le imputó por malversación de fondos públicos, dada la absolución de otros consejeros que actuaron de forma similar según estableció la sentencia del Procés.
Serret regresó de Bruselas para ser diputada por ERC en el Parlament de Catalunya tras los últimos comicios y compareció en el alto tribunal el pasado 11 de marzo acompañada del abogado Iñigo Iruín, un letrado histórico en la defensa de miembros de ETA y del entorno de Batasuna.
A DISPOSICIÓN DEL SUPREMO
Serret compareció ese día con la finalidad de ponerse a disposición del Tribunal y regularizar su situación procesal de rebeldía y Llarena la dejó en libertad en espera de cumplimentar su declaración indagatoria.
La exconsellera fue procesada por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia, no obstante, hasta ahora no se ha atribuido que su departamento realizara pagos concretos por la organización del referéndum del 1-O.
Puesto que los procesados que fueron juzgados en esa misma situación fueron condenados por un delito de desobediencia y absueltos del delito de malversación, no se había cursado contra ella ninguna Orden Europea de Detención después de la sentencia del 14 de octubre de 2019.
Existía, sin embargo, una orden nacional de detención para recibírsele declaración y continuar el procedimiento contra ella. La pena prevista para el delito de desobediencia es de multa e inhabilitación para empleo o cargo público de hasta dos años.
Una delegación de ERC encabezada por el coordinador nacional del partido, Pere Aragonés, y la secretaria general adjunta del partido y portavoz, Marta Vilalta, acompañará a Serret hasta el Tribunal Supremo.
En dicha comitiva estarán también la actual consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Teresa Jordà; y la vicesecretaria general de de Derechos, Libertades y Lucha Antirepressiva, Marta Vilaret.
Asimismo, el diputado y portavoz de la CUP, Albert Botran, también se desplazará hasta el alto tribunal para apoyar a la exconsellera catalana.