Entre las diferentes medidas que contempló la nueva propuesta anunciada el pasado lunes por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para la futura reforma de las pensiones, se encuentra la de retrasar la edad de jubilación e igualar la edad real a la edad legal.
Ahora mismo, la edad legal de jubilación establecida por la Seguridad Social es de 66 años, aunque también se puede dar la jubilación a los 65 años, siempre y cuando se acrediten, al menos, 37 años y 3 meses de cotización, según se puede ver en las tablas de edad de la Seguridad Social.
En concreto, esta nueva reforma de las jubilaciones pretende impulsar el retraso de la jubilación mediante una serie de incentivos, lo cual supondría una bonificación de hasta 11.000 euros por cada año de retraso en el caso de pensiones máximas, lo cual que podría aumentar hasta un 10% adicional en carreras de cotización largas (más de 44 años y medio) acercándose a los 12.000 euros. Específicamente, estos incentivos oscilarían entre los 4.786 y los 12.060 euros dependiendo de las bases de cotización y los años trabajados.
Otra de las opciones contempladas en la propuesta es la de aumentar un 4% la cuantía de la pensión inicial por cada año de demora, en comparación con los porcentajes actuales que van desde el 2 al 4%. También se plantea combinar ambas opciones.
Por el contrario, aquellas personas que se jubilen de forma anticipada, tendrán una penalización de hasta un 21%. Concretamente, esta medida se está barajando dentro de una propuesta de coeficientes reductores a la jubilación anticipada voluntaria, aumentando estos del 16% al 21% para un trabajador con menos de 38 años y 6 meses cotizados que quiera jubilarse dos años antes de lo que le toca.
Por otro lado, en el caso de la jubilación anticipada involuntaria, Escrivá ha señalado que a los trabajadores que vengan de cobrar el subsidio de desempleo se les aplicará coeficientes reductores y que también se revisarán estos para rebajarlos y que tengan efecto de forma mensual.