La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este lunes que la previsión del Ejecutivo sigue siendo la de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo y que, en todo caso, si decidiera hacerlo, sería porque así lo recomiendan los expertos y no porque las comunidades autónomas «presionen o no».
Asimismo, ha vuelto a defender que no es necesario reformar ninguna ley para que los Gobiernos autonómicos hagan frente a la pandemia una vez decaiga el estado de alarma, porque ya «existe una legislación ordinaria suficiente» que les habilita para poder decretar la «suspensión local muy limitada de derechos fundamentales en algunos entornos, siempre y cuando sea validado por los tribunales».
Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación antes del acto de constitución del Comité de Personas Expertas para la Reforma Fiscal, al ser preguntada por el escenario que se abre tras el fin del estado de alarma y las peticiones que para que se prorrogue, la última, la del lehendakari Iñigo Urkullu.
«Como siempre, el estado de alarma ha estado inspirado, su prórroga o suspensión, por la decisión y el consejo de los expertos, de aquellos que en el día a día están aconsejando al Gobierno en la toma de decisiones para permitir salvar vidas», ha afirmado Montero.
En este sentido, ha añadido que «no se trata de que las comunidades presionen o no», sino «de que ojalá en el momento en que finaliza el estado de alarma, la incidencia acumulada permita que decaiga y que solo con la aplicación de la legislación sea posible controlar y poner en marcha los movimientos y actuaciones que cada gobierno autonómico» considere.
«Pero insistido, no es un elemento de que se pueda o de que alguien presione. Tiene más que ver con que los datos epidemiológicos acompañen un estado de alarma que, como siempre, hemos dicho que no es nada deseado por ningún gobierno», ha reiterado.
En este sentido, ha explicado que se trata de un «elemento imprescindible, cuando lo es», pero cuyo uso no se puede normalizar; es decir, que hay que recurrir a él solo en «aquellas situaciones en donde no hay otra capacidad de contener, ya que se trata de la limitación de derechos y libertades fundamentales».
«El Gobierno opina que siempre y cuando haya que hacer restricción general de derechos fundamentales de los ciudadanos, hay que recurrir al estado de alarma», ha enfatizado después, antes de señalar que, por este motivo, se debe reservar para situaciones excepcionales.
No obstante, ha defendido que «existe legislación ordinaria suficiente en las comunidades para poder acometer las tareas que permitan minimizar contagios en el conjunto de la población», en el caso de que sea necesario, incluso limitando la movilidad, pero siempre en áreas acotadas, y con aval judicial.
Montero ha descartado así la petición del PP y varias comunidades de aprobar una nueva ley de pandemias, al entender que las leyes actuales permiten a los gobiernos autonómicos tomar las medidas necesarias. «Si la incidencia acompaña a lo que en este momento los expertos entiende que va a haber en el horizonte, la legislación ordinaria es suficiente para que las comunidades adopten sus medidas», ha apostillado.
Además, ha añadido que también seguirá trabajando el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), cuyas «acciones coordinadas» se han «reforzado» y son «de obligado cumplimiento», según sostiene el Gobierno, tomando como argumento el último pronunciamiento del Tribunal Supremo rechazando el recurso que presentó Vox contra el cierre de la Comunidad de Madrid aprobado por el Consejo para la pasada Semana Santa.
«Que decaiga el estado de alarma no significa ni mucho menos que decaigan las actuaciones para proteger la salud, simplemente aquellas que tienen que ver con la limitación de movimientos a nivel general de toda la población», ha recalcado después. Así, ha insistido en que cuando se trata de una localidad o el entorno de una comunidad, «siempre la legislación ordinaria ha permitido que los presidentes autonómicos puedan recurrir a esa legislación, y una vez refrendada por la autorización judicial, pueden producir de forma temporal y parcial una limitación de esos derechos fundamentales».
En todo caso, Montero ha señalado que si los datos de contagios crecieran más de lo esperado, y los expertos recomendaran seguir con el estado de alarma, el Gobierno lo pondría en marcha «cuando se estime oportuno». Aunque ha insistido en que «el decreto de alarma es una herramienta constitucional que tenemos a disposición para casos excepcionales»