La candidata de Más Madrid a las elecciones regionales, Mónica García, ha propuesto «un acuerdo preelectoral» a todos los partidos salvo Vox para establecer un compromiso público de «veto al veto parental» y que en Madrid no pase como en Murcia, cuya consejera de Educación, Mabel Campuzano (Vox), ha defendido su implantación.
Para ello, Mónica García ha dirigido cartas a cada los principales candidatos a gobernar la Comunidad de Madrid menos Vox: Isabel Díaz Ayuso (PP), Ángel Gabilondo (PSOE), Edmundo Bal (Cs) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos).
En las misivas, la candidata de Más Madrid expresa «una enorme preocupación al ver los primeros anuncios realizados por la titular de la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia», ya que «la decidida apuesta» de la consejera de Vox de implantar el veto parental supone «un retroceso tanto en materia educativa como de derechos y libertades».
Para García, ello pone «en peligro la salud de los estudiantes al abrir la veda a que dejen de recibir formación básica sobre enfermedades de transmisión sexual, prevención de consumo de estupefacientes, hábitos alimenticios saludables y un larguísimo etcétera», continúa la carta.
Tras recalcar la «pluralidad y diversidad» que enriquecen a la sociedad madrileña, considera que «el respeto a los derechos humanos no es susceptible de ser debatido» y que el veto parental supone «un atentado al derecho a la información de los niños y las niñas».
«Por ello, te insto a que adquiramos un compromiso público, ante todos los madrileños y madrileñas, de que, independientemente del resultado electoral, el veto parental no llegará a las aulas de la Comunidad de Madrid», añade la candidata de Más Madrid en cada un a de las cartas.
El objetivo del compromiso es «desterrar siquiera la posibilidad de que el conocimiento quede amordazado en nuestra región» con «medidas censoras de ese calibre».
Por ello, propone un acuerdo de diferentes fuerzas políticas que «mande un mensaje unívoco a la sociedad madrileña: los derechos de los niños y niñas, los derechos humanos, no se debaten y no son moneda de cambio. Solo así conseguiremos que Madrid siga siendo una Comunidad abierta, libre y tolerante», concluye.