El Gobierno ha aprobado un Real Decreto para financiar con 665.000 euros los trabajos de exhumación e identificación de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista que están enterrados en el Valle de los Caídos y que han sido reclamados por sus familiares.
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes que hasta el momento se han recibido más de 60 expedientes para exhumaciones, aunque no ha precisado cuándo empezarán los trabajos.
Ha puntualizado que las obras, en las que participarán forenses especializados y antropólogos, estarán dirigidas y coordinadas por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática aunque la ejecución corresponderá a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
No obstante, ha añadido que «no supondrán ninguna modificación urbanística y consistirán en hacer posible el acceso al interior de las criptas», que no son accesibles puesto que fueron tapiadas en 1959 desde el momento de las inhumaciones.
En total se calcula que se depositaron restos de cerca de 33.833 personas, provenientes de todas las provincias de España, en columbarios individuales y colectivos ubicados en las ocho cavidades adyacentes al crucero y a las capillas de la basílica.
De esta forma se pudo evaluar tras los análisis realizados entre 2017 y 2019 para conocer el estado del cerramiento y los interiores de las criptas.
Montero ha explicado que se conocen los posibles puntos de apertura de las criptas, así como las condiciones necesarias para permitir el acceso a las mismas y ha garantizado que en la ejecución de los trabajos se asegurarán tanto las condiciones de dignidad y respeto propio de un cementerio como la seguridad y salud del personal que accederá al mismo.
«Durante la ejecución de las tareas arquitectónicas será necesaria la intervención de especialistas forenses o antropólogos, que determinarán la forma y medios para proceder a la retirada de los restos con las debidas garantías», ha explicado.
Dos de las víctimas que serán exhumadas son los hermanos aragoneses Manuel y Antonio Lapeña Altabás, procedentes de Villarroya de la Sierra (Zaragoza) y fusilados por las tropas franquistas en 1936 y enterrados en Calatayud, pero que en 1959 fueron reinhumados en el Valle de los Caídos.
Un Juzgado de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) reconoció en 2016 a sus familiares el derecho a recuperar sus cadáveres enterrados en el Valle de los Caídos para trasladarlos a su localidad natal, aunque los trámites se han demorado desde entonces.
Los presupuestos generales del Estado para 2021 ya prevén una inversión de 11,3 millones euros para impulsar las políticas de Memoria Democrática, entre las cuales destaca un plan de exhumación de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura junto a la creación de un banco nacional de ADN y un censo de víctimas.