Los efectos de la pandemia de coronavirus sobre los ingresos y gastos públicos dispararon el déficit hasta el 10,09 % del PIB en 2020, el mayor desde 2009, según los datos avanzados este lunes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El dato es aún mayor si se incluyen las ayudas financieras, ya que la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, ha exigido incorporar como déficit el patrimonio neto negativo de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), un total de 9.891 millones que elevan el déficit público al 10,97 % del PIB.
Una vez excluidas estas ayudas -que Bruselas no computa en su vigilancia de las cuentas-, el conjunto de las administraciones públicas españolas acumuló un déficit de 113.172 millones de euros en 2020, un dato equivalente al 10,09 % del PIB, casi cuatro veces el de 2019 (2,86 %) y el más elevado desde 2009 (11,06 % del PIB).
A pesar de ello, el cierre de 2020 se sitúa por debajo del 11,3 % del PIB que el Gobierno había previsto inicialmente para un año en que las reglas fiscales europeas, que exigen un déficit máximo del 3 % del PIB, se encuentran suspendidas.
GASTOS E INGRESOS
Montero ha achacado al coste de la pandemia el incremento del déficit público, ya que los ingresos se han comportado mejor de lo esperado gracias a las medidas de sostenimiento de rentas.
Así, los gastos se situaron en 576.489 millones de euros, un 10,1 % más, tras dispararse el gasto en subvenciones (un 71 %), ayudas a la inversión (46,2 %) o prestaciones sociales (15,9 %), con los intereses de la deuda como única partida a la baja.
La mayor parte del incremento de gasto, un total de 44.907 millones, ha estado directamente ligada a la pandemia, con medidas como ERTE, incapacidad temporal y cese de actividad (21.520 millones), gastos covid y sociosanitarios (8.284 millones) o exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social (7.791 millones).
Por su parte, los ingresos públicos se redujeron un 5 %, hasta los 463.317 millones, ante el derrumbe de la recaudación tributaria, que a pesar de todo fue inferior a la contracción económica, lo que permite a la ministra ser «optimista» ante la recuperación.
En 2020, la Agencia Tributaria recaudó (en términos de caja) 194.051 millones de euros, un 8,8 % menos, lastrada por las caídas del impuesto de sociedades (un 33,2 %, debido tanto a los menores beneficios como a ajustes de años anteriores), IVA (11,5 %) e impuestos especiales (12,1 %).
En cambio, el IRPF incrementó su recaudación un 1,2 % gracias a las medidas de sostenimiento de rentas (como los ERTE o las ayudas a autónomos), así como a las subidas de las pensiones y del salario de los empleados públicos.
DATOS POR SUBSECTORES
El desglose de datos por subsectores revela que el mayor impacto se concentró en el Estado, dado que «la administración central se ha endeudado y ha asumido este mayor déficit para que comunidades autónomas, ayuntamientos y Seguridad Social tuvieran margen presupuestario suficiente para que se pudieran ocupar de los efectos sanitarios y sociales de la pandemia», según la ministra.
La administración central terminó así 2020 con un déficit equivalente al 7,49 % del PIB, casi seis veces el de 2019 (1,32 %), tras aumentar un 35,3 % las transferencias a otras administraciones (un repunte de unos 42.000 millones) y asumir nueve de cada diez euros del gasto de la pandemia (un total de 40.443 millones).
Este «esfuerzo» tuvo como principales beneficiadas a las comunidades autónomas, que gracias a transferencias como el Fondo Covid y las mayores entregas a cuenta redujeron su déficit hasta el 0,21 % del PIB, menos de la mitad que en 2019 (0,57 %).
De hecho, nueve regiones lograron superávit el pasado ejercicio: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja.
La Seguridad Social, por su parte, recibió transferencias por 22.357 millones que le permitieron cerrar el ejercicio con un déficit del 2,65 % del PIB (1,27 % del PIB en 2019), mientras que las corporaciones locales lograron un superávit del 0,26 % del PIB, inferior al 0,3 % del PIB de 2019.
Montero no ha avanzado su previsión de déficit para 2021, un año en el que las reglas fiscales continúan suspendidas, pero sí ha apuntado que la recaudación evoluciona conforme a lo esperado.