El Consejo de Ministros ha remitido al Congreso un listado con 34.961 inmuebles inmatriculados de la Iglesia entre 1998 y 2015 que abre la vía a posibles reclamaciones sobre la titularidad de miles de ellos.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha informado de la remisión de ese listado en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Calvo ha recordado que el PSOE ha venido reclamando desde hace años la publicación de esa relación de inmatriculaciones de la Iglesia y el Congreso ya aprobó en 2017 una proposición no de ley en la que se urgía a ello al Gobierno.
En concreto, se pidió que enumerase los bienes inmatriculados por la Iglesia en el Registro de la Propiedad (inscripción realizada por primera vez) después de que, con José María Aznar como presidente del Gobierno, se reformase la ley Hipotecaria.
Esta ley permitió a la Iglesia registrar a su nombre edificios, apartamentos o fincas con tan solo una certificación eclesiástica.
En 2015 hubo una modificación normativa que eliminó esa posibilidad y, por tanto, según ha explicado Calvo, la lista incluye los bienes inmatriculados entre 1998 y ese año.
De las 34.961 inmatriculaciones, 20.014 se refieren a templos de la Iglesia católica o dependencias complementarias y 14.947 no se relacionan con estos usos y se trata de terrenos, viviendas, solares o locales.
De la misma forma, la vicepresidenta ha informado de que 30.335 fueron inscritos en virtud de certificación eclesiástica tal y como permitía la ley hipotecaria hasta 2015.
Junto a ellos hay 4.626 inmuebles inmatriculados con otro título distinto, «es decir -ha puntualizado- a título bastante insuficiente para la demostración de la propiedad».
Con todo ello, Calvo ha señalado que, a partir de ahora, las personas físicas y jurídicas ya tienen conocimiento del listado por si se considerase necesario actuar sobre la propiedad de los inmuebles.
La vicepresidenta ha recalcado que las inmatriculaciones que realizó la Iglesia se hicieron al amparo de una situación legal con independencia de que hubiera formaciones políticas contrarias a la reforma propiciada por el Gobierno de Aznar.
Pero ha señalado que, a partir del paso dado este martes por el Gobierno, quien crea que tiene derechos sobre alguna propiedad, puede actuar mediante una primera vía para que la administración abra una investigación sobre la titularidad de los inmuebles y también acudiendo a los tribunales.
«Al Gobierno lo que le compete es dar una información transparente, rigurosa y veraz de un mandato que se le hizo al Gobierno de Mariano Rajoy y que no cumplió», ha añadido.
La vicepresidenta ha justificado en la laboriosidad de este estudio que no haya sido posible hasta ahora atender el mandato aprobado por el Congreso en 2017 y ha resaltado el ejercicio de transparencia que supone conocer esa relación de inmuebles.
En la proposición del PSOE aprobada entonces se instó al Ejecutivo a analizar los documentos acreditativos de la propiedad utilizados por la Iglesia y, que en caso de no ser suficientes ni válidos, se reclamase la propiedad de esos bienes y de aquellos considerados de dominio público que también hayan sido inmatriculados, como la Mezquita de Córdoba.
La identificación de estos inmuebles fue también una promesa de Pedro Sánchez en su debate de investidura de enero de 2020, en el que se comprometió a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia.