El tribunal que juzga la caja B del PP ha aplazado al martes el comienzo de la declaración de los acusados, entre los que figura Luis Bárcenas; para dar tiempo a uno de ellos, Cristóbal Páez, a recuperarse y cumplir con la preceptiva cuarentena tras haber dado la semana pasada positivo en COVID.
Así lo ha anunciado el presidente del tribunal, José Antonio Mora, que ha precisado que el juicio se reanudará el próximo martes, siempre y cuando haya mejorado el estado de salud de Páez, exgerente del PP que se enfrenta a una petición del fiscal de 18 meses de cárcel.
El aplazamiento evitará que Luis Bárcenas declare ante el tribunal en plena campaña de las elecciones catalanas que se celebran el próximo domingo y el efecto que su declaración podría haber tenido en las expectativas electorales del PP.
En esta segunda jornada del juicio, el abogado del PP, Jesús Santos, atraía el foco mediático por la información que publicaban El Mundo y El Confidencial sobre sus reuniones con Bárcenas propiciadas por el exmagistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, actual responsable de Justicia en la dirección del partido.
Una información sobre la que, Gonzalo Boye, abogado defensor de Carles Puigdemont y que en este juicio representa a la asociación DESC-Observatorio de Derechos Humanos, ha dicho, en su réplica a la alegaciones de las defensas, que tendría que abrirse una vía de investigación.
Santos ha eludido hacer declaraciones sobre este asunto, mientras que Enrique López ha negado cualquier negociación con Bárcenas, aunque ha admitido que puso a un empresario en contacto con él, una versión que ha avalado el presidente del PP, Pablo Casado, que se ha declarado «harto» de este caso.
En el juicio, el fiscal Antonio Romeral, en respuesta a las cuestiones previas de las defensas, ha considerado «prematuro» pronunciarse sobre el careo propuesto por el abogado de Bárcenas, Gustavo Galán, entre su cliente y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que está citado como testigo.
Para acordarlo, ha puntualizado, el tribunal debe además determinar si las contradicciones entre ambos afectan al objeto de enjuiciamiento y «no a otros hechos distintos».
En cuanto a los nuevos testigos solicitados por Galán -los periodistas Francisco Mercado, Eduardo Inda, Ernesto Ekaizer y Marisa Gallero-, ha recordado que un testigo es el que tiene «un conocimiento directo de los hechos» y es así como entiende que hay que valorar esta propuesta.
A su juicio, la investigación periodística no determina ser testigo directo y no se han aportado los elementos empleados por esos testigos para poder probar los hechos.
En concreto, la grabación que presuntamente le hizo Francisco Mercado al predecesor de Bárcenas en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta, y en la que supuestamente reconocía que existían pagos a exdirigentes del PP extraídos de la caja b.
Esto mismo han señalado la mayor parte de las seis acusaciones populares personadas en esta causa, que han reprochado a la defensa de Bárcenas que no haya aportado esa grabación y llame a los periodistas a declarar sobre un asunto del que no serían testigos directos y estando además sujetos al secreto profesional.
Una de estas acusaciones, ADADE, ha defendido firmemente el careo, recordando su abogado, Mariano Benítez de Lugo, que él ya lo pidió sin éxito en el macrojuicio de Gürtel que le valió a Bárcenas una condena de 29 años de cárcel.
Considera este abogado que ese careo deberá acordarse si Rajoy vuelve a rechazar la existencia de esa caja b o si niega que se deshiciese en una trituradora de la documentación que la acreditaba, tal y como ha asegurado Bárcenas en su carta a la Fiscalía.
Todas las acusaciones han reprochado también al abogado del PP que señale a los letrados que las representan para desacreditarlas, en su alegación de falta de legitimidad de este tipo de acusaciones para perseguir delitos tributarios.
Alegación a la que se han adherido también la Fiscalía y la Abogacía del Estado, basándose en una reciente sentencia del Supremo que establece que solo a ellos les compete perseguir ese tipo de delitos.
A este respecto, Gonzalo Boye ha destacado que ejerce la acusación popular en este procedimiento desde mucho antes de defender al expresidente catalán Carles Puigdemont, y ha calificado de «enorme falta de respeto» confundir a los abogados con las causas que defienden».
«¿Si quisiéramos saber por qué la defensa del PP se reúne con un juez en ejercicio, estaríamos confundiendo el ejercicio de la defensa? Igual no», ha planteado Boye a modo de pregunta retórica, al sostener que se tendría que abrir una línea de investigación respecto de esas reuniones que han salido ahora a la luz.
En la contrarréplica, la defensa de Bárcenas ha admitido abiertamente que no puede aportar nuevas pruebas y ha asegurado que con su propuesta de careo no trata «de hacer un castigo al PP».
«Esto no es precisamente un circo ni yo lo voy a pretender», ha manifestado el abogado, en alusión a lo manifestado ayer por el abogado del PP, que le acusó de contribuir al «circo mediático» al pedir ese careo.
Ha explicado también que si ha pedido citar a esos periodistas ha sido precisamente porque su cliente no tiene esa grabación como, según él, ya daba a entender en su carta a la Fiscalía Anticorrupción.
Una carta, ha dicho, que es solo una declaración de la «voluntad» de su cliente de colaborar con la Justicia, respondiendo así al comunicado que ayer emitió la Fiscalía, y en el que negaba haber pactado con Bárcenas y señalaba que en su escrito había aportado novedades «sustanciales» respecto a lo que declaró en 2013.