El PP ha abonado los 245.492,80 euros a los que fue condenado como partícipe a título lucrativo por beneficiarse de las actividades que la trama Gürtel llevó a cabo en lo que se denominó la 'primera época' (1999-2005) en los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.
El pago se realizó el pasado 12 de noviembre, un mes después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia que la Audiencia Nacional dictó en mayo de 2018, según escrito remitido por el PP al Servicio de Ejecutorias de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
El tribunal que juzgó estos primeros años de la trama Gürtel consideró probado, y así lo ratificó el alto tribunal el pasado mes de octubre, que el PP se lucró de las actividades que llevaron a cabo las empresas del líder de la trama, Francisco Correa.
En concreto, 133.628,48 euros están relacionados con la adjudicación de contratos en Majadahonda, y otros 111.864,32 euros por los gastos de la campaña electoral de las elecciones de mayo de 2003 en Pozuelo de Alarcón.
Así, la responsabilidad civil relacionada con Majadahonda ha sido pagada de manera directa y solidaria con el 'cabecilla' de la Gürtel; el que fuera su 'número dos' y ex secretario de Organización del PP en Galicia Pablo Crespo; con el ex alcalde del municipio Guillermo Ortega; los exconcejales José Luis Peñas -el denunciante del caso Gürtel- y Juan José Moreno; y con la exmujer de Correa y ex jefa de Gabinete de Ayuntamiento, Carmen Rodríguez Quijano.
El restante ha sido abonado de manera solidaria con Jesús Sepúlveda, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la ex ministra de Sanidad Ana Mato.
El representante jurídico del PP solicita en su escrito que, una vez ingresado el total reclamado, se informe a los otros siete condenados de los pagos realizados «a los efectos de proceder a devolver el exceso abonado por mi principal y, en caso de que no abonen dichos importes, ejercer los derechos de repetición que asisten a mí mandante».
Asimismo, pide que se le devuelvan los avales bancarios que fueron prestados a fin de garantizar las responsabilidades civiles que ya han sido satisfechas.
A lo largo de 1.844 folios, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo explicó en su sentencia que el PP fue llevado al proceso como partícipe a título lucrativo porque se presupone que como beneficiario no solo no participó en el delito sino que desconoció su comisión.
Aún así, destacó que si la formación política hubiera devuelto los 245.000 euros habría evitado estar presente en el juicio contra la red corrupta liderada por Francisco Correa.