El pleno del Parlament ha rechazado este martes la proposición no de ley del PP contra la ocupación ilegal de viviendas, que entre otros puntos abogaba por endurecer las penas de cárcel para los 'okupas' o facilitar que la Policía pueda efectuar desalojos en un máximo de 48 horas.
La propuesta del PP ha tenido el voto en contra de los partidos que apoyan al Govern -PSIB, MÉS y Unidas Podemos-. En cuanto al resto de grupos de la oposición, han apoyado el texto aunque ha habido algunas abstenciones de PI y Vox.
La propuesta pretendía que el Parlament expresase formalmente un posicionamiento general en contra de la 'okupación' y solicitaba apoyar la proposición de ley sobre este tema presentada por el PP en el Congreso.
También solicitaba que un inmueble ocupado ilegalmente no pueda tener la consideración de domicilio y que los 'okupas' no puedan empadronarse en él. Asimismo, planteaba que las comunidades de propietarios puedan actuar directamente ante los tribunales en casos de 'okupación', reclamaba al Govern actuaciones para garantizar el derecho a la vivienda y rechazar la 'okupación' y proponía un teléfono gratuito de denuncia, entre otros puntos.
El diputado encargado de defender la propuesta, José Luis Camps, ha alertado del «incremento de la ocupación ilegal fruto de las políticas confusas del Gobierno social-comunista», que han «generado gran tensión». También ha asegurado que esas políticas han disparado el precio de la vivienda y ralentizado la economía.
Ciudadanos ha apoyado todos los puntos de la propuesta. El portavoz adjunto, Marc Pérez-Ribas, ha abogado por elaborar un plan autonómico contra la ocupación ilegal de viviendas «que tenga como objetivo la devolución de inmuebles a los propietarios».
El diputado de Cs ha lamentado que la propuesta del PP no incluyera ninguna referencia a las «mafias» de okupación, que «existen en las Islas» y suponen «un problema gravísimo».
Por su parte, el portavoz de Vox, Jorge Campos, ha afirmado que la mayoría de 'okupas' «no son personas con grandes problemas económicos sino mafias que se dedican a realquiler, narcopisos e incluso prostitución». Según el diputado, una «legislación benévola con los 'okupas'» ha propiciado que «campen a sus anchas».
El portavoz de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha contestado a estas intervenciones afirmando que «sí que existen las mafias, y cotizan en bolsa y financian partidos políticos», en alusión a 'fondos buitre' de especulación inmobiliaria. Ensenyat ha denunciado el «abuso sistemático» de este tipo de entidades y ha reprochado al PP que «juegue a generar miedo» en los propietarios.
Similarmente, el diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez (EUIB) ha defendido que «el problema de la vivienda no es el problema de la ocupación ilegal» sino que «bancos y fondos de inversión hacen de la especulación de la vivienda un negocio cuando debería ser un derecho fundamental garantizado por el Estado».
En esta línea, Jiménez ha alertado de «la falta de oportunidades para poder acceder a una vivienda de forma legal, por falta de posibilidades económicas para ello y por falta de oferta de vivienda social que recoja estas necesidades».
El portavoz adjunto del PI, Josep Melià, ha salido al paso de estas declaraciones para criticar que la izquierda «se ponga de perfil» respecto a la ocupación ilegal, «en función del ocupante» o de «quién es el propietario». «La ilegalidad no es aceptable nunca. No es aceptable que te roben», ha dicho el diputado.
Por último, el diputado del PSIB Joan Ferrer ha defendido el derecho a la propiedad privada pero se ha mostrado en contra de la propuesta, y ha sugerido que el PP pretende generar un «río revuelto donde se piensan que pescarán más votos».