El Gobierno no contempla eximir a los españoles que viven en el extranjero y quieran viajar a España estas Navidades de la obligación de tener que presentar una prueba PCR negativa realizada en las 72 horas antes de entrar en el país por avión o barco.
Así lo ha explicado a los periodistas el secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz: «Discriminar colectivos en las pruebas que se piden en origen es problemático porque carece de sentido epidemiológico», ha dicho.
La obligación de presentar una PCR negativa rige para todo el que viaje a España desde un listado de países que se considera «de riesgo": en el caso de la UE, los coloreados en rojo en el mapa del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) y, en el resto, los que tienen una incidencia superior a 150.000 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas.
Este responsable ha argumentado que «el factor determinante es el nivel de riesgo epidemiológico en el territorio de origen», por lo que las medidas de control deben ser «análogas y armonizadas» para todos los que procedan del territorio. Además, ha recordado que la medida la ha propuesto Sanidad a partir de criterios científicos.
Muñiz sí ha apuntado que, si «hubiese un salto» en las pruebas de antígeno que elevase su nivel de sensibilidad, sí sería «muy probable» que en lugar de PCR pudieran pedirse este tipo de pruebas. Sin embargo, ha dejado claro que «en estos momentos, la evidencia no recomienda proceder así».
De hecho, ha explicado que en el seno de la UE hay reuniones todas las semanas en las que se analiza la capacidad de las pruebas y el reconocimiento mutuo de las pruebas que realizan uno y otros países, y ha incidido en que «el consenso generalizado» es que los tests de antígenos no tienen «suficiente sensibilidad» para remplazar a los PCR.
EL PROBLEMA DE LOS «FALSOS NEGATIVOS»
Los tests de antígenos dan «más falsos negativos» con los pacientes asintomáticos, porque su carga vírica es menor, y estos casos son «precisamente los que no estaban aflorando» en los controles ordinarios visuales y de temperatura que se practicaban en los aeropuertos antes del 23 de noviembre, ha detallado Muñiz.
Beatriz, veterinaria de 31 años, quiere viajar desde la zona central de Reino Unido y explica que en los aeropuertos no se hacen PCR, solo de antígenos en saliva, que son los que España por el momento no acepta.
Hasta el momento, las únicas opciones que ha encontrado para hacerse la PCR son laboratorios que, pagando entre 120 y 180 libras, le envían por correo el kit para que se tome ella misma la muestra. «Me da miedo tomarla mal y que salga no concluyente», reconoce.
La sustitución de la PCR por una prueba de antígenos, o la posibilidad de someterse a la PCR a la llegada a España de manera gratuita o más barata son algunas de las reclamaciones que ha planteado el colectivo 'Marea granate'. En caso contrario, ha advertido, el poder viajar a España estas Navidades será solo un «lujo» para quienes se lo puedan permitir.
Para 'Marea Granate', esta obligación es «un cierre de fronteras encubierto que segregará económicamente a quienes puedan acceder al país» mientras otros gobiernos, como el danés, permite a sus nacionales o residentes entrar en el país sin presentar ninguna prueba. A la necesidad de realizarse una prueba en el plazo indicado se suma la obligatoriedad de presentar su resultado en español o en inglés.
Aun para quienes pueden pagarlo, la obligación de hacerse una PCR 72 horas del vuelo es un desafío logístico para cuadrar fechas de tests y de vuelos que, además se cancelan con frecuencia.
PCR EN EL AEROPUERTO
Laura, ingeniera de 29 años, vive en Dublín y volará a Madrid el 14 de diciembre. Cuenta a Europa Press que en el aeropuerto de la capital irlandesa han abierto dos laboratorios privados, lo que ha aumentado la oferta y reducido el precio, que está entre los 99 y los 200 euros.
Irlanda es, por el momento y al menos hasta el 13 de diciembre, 'naranja' en el mapa europeo de riesgo, lo que implica que no es necesario ningun test para viajar a España desde allí. Sin embargo, el mapa se actualizará la semana anterior.
«Seguramente tenga que pagar un test ya que no quiero arriesgarme a no poder realizarlo si Irlanda cambiase al color rojo», explica. La cosa se complica, además, para quienes viven fuera de la capital, porque el país no permite los desplazamientos entre condados.
En su comparecencia ante los periodistas, Muñiz ha asegurado que el Gobierno intenta «facilitar la situación al máximo posible» a los españoles y que si hay «medidas adicionales» que se puedan aplicar para facilitar estos viajes se tomarán. No obstante, también ha dejado claro que estas medidas no pueden reducir la protección frente al riesgo de contagio, especialmente ahora que en países terceros hay mayores tasas de incidencia.
DISCUSIONES EN LA UE
Además, ha explicado que el Gobierno español siempre ha estado, en el seno de la UE, entre los más firmes defensores de garantizar la máxima movilidad posible siempre que esté protegida la seguridad sanitaria.
Es más, ha defendido que la medida que ha adoptado España es la «menos lesiva y menos gravosa» para los viajeros, mientras otros países están imponiendo cuarentenas o sistemas mixtos de test y confinamiento.
Como ejemplo ha puesto el caso de Reino Unido que, según ha dicho, este jueves decidió que todos los viajeros que procedan de territorios de riesgo deben confinarse a su llegada y hacerse un test al cabo de cinco días que, si es negativo, les permitirá dejar la cuarentena antes de 14 días.
Algunos expatriados españoles, no obstante, prefieren la «flexibilidad» de poder optar por una cuarentena si algo se tuerce y el resultado de la PCR no llega a tiempo, antes que arriesgarse a pagar los hasta 6.000 euros de multa que podrían recibir si llegan sin prueba, según dijo en una entrevista en televisión la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.