Los jefes de Gobierno de España, Italia, Grecia y Malta han suscrito un documento de trabajo enviado a la UE ante el debate abierto sobre el plan comunitario de migraciones y asilo en el que solicitan más solidaridad de todos los estados miembros con los países que más sufren la inmigración ilegal.
El texto se ha dado a conocer con motivo de la cumbre hispano-italiana que presiden en Palma el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte.
Ambos rubrican el documento junto a sus homólogos griego, Kyriakos Mitsotakis; y maltés, Robert Abela, y ha sido enviado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; y a la canciller alemana y presidenta de turno de la UE, Angela Merkel.
Los cuatro países firmantes aprecian los trabajos de la Unión Europea para lograr un nuevo pacto sobre migración y asilo y reconocen que esta propuesta representa un punto de partida constructivo para el trabajo común.
Ante esa tarea demandan que exista una solidaridad compartida por todos y no sólo por los países de entrada de los flujos migratorios, y piden que ese aspecto esté claramente definido en el pacto.
«Debemos encontrar soluciones coordinadas para nuestros desafíos comunes», recalca el documento.
Defienden también que la aplicación o no de procedimientos fronterizos, así como las categorías de personas a las que deben aplicarse, debería seguir siendo una prerrogativa de los estados miembros ya que opinan que son los que están en mejores condiciones de decidir cuáles son factibles dadas sus circunstancias específicas.
Además, afirman que la creación de grandes centros cerrados en las fronteras externas no es aceptable y que la gestión del asilo debe respetar plenamente los derechos humanos.
También recalcan la necesidad de mejorar la promoción de acuerdos con terceros países para hacer frente a la inmigración ilegal y de definir claramente los instrumentos financieros para apoyar ese esfuerzo.
En concreto, piden una especial atención en este apartado con los países vecinos del sur.
Para ello, abogan por construir relaciones fundamentadas en la confianza y la igualdad mediante un contacto político frecuente y fondos destinados a acciones en esos países.
En ese contexto, recalcan que los terceros países deben estar plenamente equipados para limitar los flujos de la migración irregular.
«No se trata sólo de una cuestión de más dinero, sino de acciones que coincidan realmente con los intereses de nuestros socios, respondiendo a sus necesidades, y en consecuencia poder satisfacer las necesidades operacionales de la gestión de la migración», añaden.
Además, expresan su total compromiso a abordar esta negociación de manera constructiva y exhortan a los demás socios comunitarios a actuar con ambición y compromiso para alcanzar un acuerdo final que beneficiará a la UE en su conjunto.