El secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández, ha asegurado este viernes que el Gobierno está dispuesto a abordar nuevas transferencias de competencias a las autonomías, entre ellas Baleares, que se ha ralentizado este año por la pandemia.
Así lo ha manifestado en su comparecencia en el Congreso para informar sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 en la parte que atañe a su Departamento.
Algunas comunidades ya han solicitado nuevos traspasos, entre las que ha citado al País Vasco, Navarra, Baleares y Canarias, y ha mostrado una «posición abierta, siempre que se respeta la Constitución y los estatutos de autonomía».
Y también ha abordar, «cuanto antes», la modificación de ley de Bases de Régimen Local para dar más autonomía económica y presupuestaria a las entidades locales.
Ha calificado los presupuestos de 2021 de «progresistas» y «sensacionales», por el volumen de dinero que manejan para la recuperación, superar la crisis y robustecer el estado del bienestar.
A su juicio, los actuales, de 2018, «ya no sirven» y los previstos «son los que se necesitan, los mejores posibles, y un ejercicio de coherencia político».
Entre los objetivos del Ministerio, ha aludido a la promoción del dialogo y la cooperación entre las administraciones públicas y contribuir a modernizarlas, para lo que cuentan con 2.509 millones en el próximo ejercicio.
En cuanto a su política territorial, ha indicado que el «primer eje» será ahondar en la cooperación y cohesión territorial y promover las reuniones bilaterales y multilaterales. Ha recordado que en 2020 se han celebrado 17 Conferencias de Presidentes, 130 conferencias sectoriales, así como otras dos de la de relaciones con la UE.
Para Hernández, ello muestra la apuesta por la cogobernanza como forma ordinaria de gobierno y ha puesto en valor la reunión del consejo interterritorial de salud, «prácticamente cada semana».
El Ministerio también quiere reducir la litigiosidad entre las autonomías y la administración central y contribuir al desarrollo estatutario.
Respecto a la litigiosidad, ha indicado que de las 48 cuestiones presentadas en 2020, en doce ha habido acuerdo y que en las otras 36 continúan las negociaciones.
En cuanto a las corporaciones locales, el Ministerio trabajará en reformas para recuperar la autonomía local y por mejorar la regulación de los municipios de menor población, para aumentar la calidad de los servicios que prestan y fijar su población, para lo que se está redactando un texto legal.
Se ha referido a los fondos de la UE, de los que su Ministerio gestionará 600 millones para el período 2021-23, de los que se distribuirán 570 a los territorios y, para 2021, se prevé que las comunidades obtengan 136 y 93, las corporaciones locales.
Pablo Cambronero, de Ciudadanos, se ha interesado por las «cesiones competenciales» y Hernández le ha precisado que se trata de competencias recogidas en los estatutos, que son leyes orgánicas y de obligado cumplimiento.
Ferran Bel, del grupo Plural, le ha urgido a que presenten la modificación de la reforma local aprobada por el PP y Pedro Antonio Honrubia, de Unidas Podemos, y José Luis Acebes, del PSOE, han valorado el incremento de la partida presupuestaria para el departamento en más de un 15 %, lo que le permitirá un margen de maniobra mayor.
Emilio Del Valle, de Vox, se ha preguntado si sirven esos encuentros con las autonomías, como las conferencias de presidentes, ya que algunos de ellos «no están muy de acuerdo», por ser poco resolutivas y ha criticado «el regalo» de dos millones de euros de los presupuestos a la FEMP.