«En salud, ustedes mandan pero no saben»; es el mensaje que la comunidad científica ha mandado a los partidos políticos y a los presidentes del Gobierno central y de las diecisiete comunidades autónomas.
Fue también uno de los mensajes y de las conclusiones principales del I Congreso COVID-19 que se celebró entre los días 13 y 19 de septiembre, y hoy los promotores han convertido sus recomendaciones y reclamaciones en una petición para sumar firmas a través de la plataforma de participación ciudadana Change.org.
El Congreso convocó y reunió de forma virtual a expertos de 55 sociedades científicas y médicas españolas que representan a unos 170.000 profesionales sanitarios y ahora han puesto en marcha la iniciativa en esta plataforma de participación con un formato de carta abierta a los presidentes del Gobierno y de todas las comunidades autónomas.
La comunidad científica ha plasmado en esta petición un decálogo de medidas que los políticos deberían a su juicio atender para combatir la pandemia causada por el coronavirus, empezando por la aceptación «de una vez» de que para enfrentarse a esta crisis deben basarse en la mejor evidencia científica disponible, «desligada por completo del continuo enfrentamiento político».
Inciden en la importancia de dar una respuesta «coordinada, equitativa y basada exclusivamente en criterios científicos claros, comunes y transparentes», y han advertido de que la lentitud burocrática en resolver temas legales, técnicos o administrativos sólo consigue agravar las soluciones.
«Frenen ya tanta discusión y corran a la acción», clama la petición lanzada ahora por este Congreso, que ha demandado un protocolo nacional que establezca criterios comunes de base exclusivamente científica, «sin la menor interferencia ni presión política».
Esos criterios deberían definir, según la comunidad científica, normas generales de prevención, manejo de los pacientes afectados, estrategias de rastreo de los contactos y de gestión de los centros socio-sanitarios.
Apelan además a los políticos, como responsables de garantizar el principio de igualdad de todos los españoles en las estrategias preventivas y los recursos sanitarios, para que creen «ya» una reserva estratégica nacional de material destinado a la prevención y al tratamiento de todos los afectados.
«Sólo las autoridades sanitarias, sin ninguna injerencia política, deben ser quienes establezcan las prioridades de actuación con respecto a otras enfermedades, cambios organizativos y previsiones adecuadas a cualquier patología, sea cual sea la edad de los pacientes y su nivel socio-económico», reclaman los científicos y los médicos en el decálogo.
La atención en salud exige -mantienen los peticionarios- flexibilidad y actualización en el manejo de los recursos sanitarios, algo que solo se puede gestionar y llevar a cabo «desde el profundo conocimiento de las ciencias de la salud, unido al verdadero compromiso de incrementar los recursos para investigación, muy inferiores a los de los países de nuestro entorno».
«En nombre de más de 47 millones de españoles, ustedes y sus familias incluidos, tenemos que cambiar ya tanta inconsistencia política, profesional y humana», han advertido estas sociedades, y han ofrecido sus conocimientos en todos los ámbitos de la salud para colaborar con las administraciones.