El Congreso y el Senado están ultimando un Código de Conducta que prohibirá a los miembros de ambas Cámaras aceptar regalos que superen los 150 euros y les obligará a comunicar las actividades que hayan desarrollado cinco años de antes de obtener sus actas y que puedan condicionar su actividad política o les hayan proporcionado ingresos económicos.
Así consta en el borrador del nuevo Código de Conducta de las Cortes Generales. El Congreso ya aprobó su propio Código ético en 2019 siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), pero esta misma institución conminó a las autoridades españolas a extenderlo al Senado, por lo que los servicios jurídicos de las Cortes Generales han redactado un documento con este fin.
El texto ya ha sido distribuido a los grupos del Senado y esta semana será objeto de análisis por la Mesa del Congreso, que también tiene previsto repartirlo a los distintos grupos parlamentarios para que hagan las aportaciones que consideren oportunas. Cuando se cierre un texto definitivo el nuevo código deberá ser aprobado en una reunión conjunta de las Mesas de ambas Cámaras. La previsión es que pueda salir adelante antes de que acabe septiembre.
El borrador reproduce el grueso del código que se aprobó para el Congreso, que no se ha llegado aplicar, pero los letrados han introducido algunas modificaciones para mejorarlo técnicamente.
Uno de los cambios radica en que el nuevo código deja claro que los parlamentarios no podrán aceptar regalos, favores o servicios que les sean ofrecidos por su cargo o pueda entenderse que buscan influir en su labor parlamentaria. Eso ya regía para el Congreso, pero ahora se especifica que tampoco podrá aceptarlos «su entorno familiar».
Asimismo, ahora sí se especifica que no se deben aceptar presentes que superen los 150 euros, al contrario de lo que ocurría en código del Congreso, que no fijaba cantidad alguna.
Otra de las novedades es que se concreta el periodo sobre el que los parlamentarios deben informar de su actividades anteriores. Así, si en el código del Congreso no se ponía tope temporal, ahora se propone que tengan que informar de las actividades que hayan desarrollado durante el lustro anterior a su desembarco en las Cámaras. Si se trata de actividades por cuenta ajena, tendrán que precisar el nombre de sus empleadores y el sector de la actividad.
También deberán comunicar las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que hayan obtenido para sí, igualmente durante los cinco años anteriores, incluyendo viajes e invitaciones a actividades culturales o deportivas que, por su valor económico o cualquier otra circunstancia puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de intereses.
Además, según el borrador desde su entrada en vigor se obligará a los parlamentarios a informar también de las organizaciones no gubernamentales, fundaciones o entidades similares a las que contribuya o haya contribuido ya sea económicamente o altruistamente.
Como ya estaba previsto para el Congreso, las declaraciones de intereses de sus señorías se publicarán en las webs de ambas Cámaras. Si bien el nuevo código común dejará claro que éstas «sólo responderán de la información facilitada por los parlamentarios».
Cuando exista un conflicto de intereses, el parlamentario deberá informar antes del inicio del debate del asunto que le afecte y, si duda de que exista o no, podrá dirigirse a la Mesa de la Cámara correspondiente para que resuelva lo que proceda. En el código del Congreso se establecía que este trámite tendría «carácter confidencial», una precisión que ya no aparece en el borrador del nuevo texto.
Además, mientras que la Oficina de Conflictos de Intereses que se tendría que haber creado en el Congreso iba a tener «funciones de comprobación de la veracidad del contenido de las declaraciones incluidas en el Registro de Intereses», los letrados proponen ahora eliminar esa capacidad. También rebajan la obligatoriedad de crear esa oficina, puesto que ahora sólo se habla de que «se podrá crear».
Otro de los puntos que desaparece en el borrador respecto al texto ya vigente ya para el Congreso es la inclusión entre los principios que deben regir la actuación de los parlamentarios la mención de que han de hacerlo «con pleno acatamiento y respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, especialmente al Reglamento del Congreso de los Diputados y a las resoluciones que lo desarrollan».
Según han explicado fuentes parlamentarias, los letrados de las Cortes consideran innecesario reproducir en un Código de Conducta la obligación de acatar y respetar la Constitución, algo que ya se recoge en los Reglamentos de ambas Cámaras, que son normas de rango superior.
Desde el PP ya han adelantado su intención se proponer que esa mención al acatamiento de la Carta Magna se mantenga en el futuro Código de Conducta de las Cortes Generales y recordarán que el texto del Congreso fue aprobado por unanimidad.
Lo que sí plantean incluir como novedad en esos principios es el de «abstenerse de buscar u obtener beneficio económico alguno, directo o indirecto, ni recompensa de ningún tipo» por el ejercicio de su cargo.
Además, el nuevo código deja claro que cuando los parlamentarios viajen atendiendo invitaciones «personales o particulares» o que provengan de entidades privadas y esos desplazamientos no cuentan con autorización de las Cámaras «se abstendrán de hacer uso de su condición para asumir una representación oficial de las Cámaras» y en todo caso cumplirán el código ético.