Expertos en diversos campos académicos han expresado sus dudas acerca de la iniciativa de la Comunidad de Madrid de implantar el llamado pasaporte serológico, algo así como una cartilla COVID que refleje el grado de relación que un ciudadano ha tenido a lo largo de los últimos meses con el coronavirus.
El tema no es nuevo, pues hace ya unos meses, durante los inicios del confinamiento, las autoridades sanitarias de otras comunidades gobernadas por el PP, como Castilla y León, expresaron sus intenciones de poner en marcha el mencionado mecanismo. Desde el primer momento este instrumento se topó con la oposición directa del Ministerio de Sanidad, y en el sector sanitario reaccionaron con una moderada aceptación envuelta de dudas; mientras la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ve con buenos ojos esta cartilla COVID, otros como el sindicado de enfermería Satse o la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) esperan a un mayor consenso entre la comunidad científica para apoyarla.
Lo cierto es que el pasaporte serológico implica dificultades desde múltiples puntos de vista (legal, ético), y también de carácter práctico, atendiendo al hecho de que no se sabe con exactitud cuánto dura la efectividad de los anticuerpos generados en aquellos pacientes que ya se han expuesto al SARS-CoV-2. Este desconocimiento, y la dificultad por establecer un criterio general, es precisamente uno de los grandes argumentos de los que se oponen a la cartilla COVID.
Hay quien apunta, además, que las pruebas de diagnosis no están depuradas al cien por cien, por lo que abundan más de lo deseable los falsos positivos y los negativos inexactos.
Legalmente se antoja discutible que un mecanismo como este tenga un fácil encaje. En este sentido El País cita a Josefa Cantero Martínez, profesora de Derecho Administrativo y presidenta de Sespas en Castilla-La Mancha, quien afirma que «establecer regímenes jurídicos diferentes en virtud de un dato de salud tiene problemas de discriminación, de protección de datos, choca con la libertad de circulación y con el derecho a la intimidad, porque tendrías que ir identificándote para ir al cine o al gimnasio, presentar tu cartilla y dar a conocer al empleado que has pasado enfermedad». La misma publicación plasma las palabras de Itziar de Lecuona, doctora en derecho y experta en bioética, quien remacha «es una medida estigmatizante y discriminatoria».