El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado que este viernes 29 de mayo es «un día histórico para la democracia» porque «hoy nace un nuevo derecho social en España», el ingreso mínimo vital, que pretende llegar a 850.000 hogares (un 16% de ellos monoparentales), de los cuales 100.000 la recibirán de oficio a finales de este mes de junio, y que oscilará entre los 462 y los 1.015 euros dependiendo de la composición del hogar.
«Hoy es un día histórico para nuestra democracia, para mí es un honor anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España, un ingreso mínimo vital que explicaremos a continuación en detalle y que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España desde la aprobación de la ley de dependencia (en 2006)», ha destacado Iglesias durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Extraordinarios.
Pablo Iglesias ya había avanzado sobre las 12.00 horas de este viernes a través de Twitter que el Consejo de Ministros había aprobado esta medida, poco antes de la rueda de prensa programada para explicar los detalles de esta medida, en la que comparece junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Iglesias ha avanzado además que las personas que acusen una situación de pobreza sobrevenida como consecuencia de la crisis del Covid-19 se pueda acoger también a este ingreso, una reivindicación de las organizaciones que trabajan en la lucha contra la pobreza.
En este sentido ha explicado que el acceso al ingreso mínimo vital dependerá exclusivamente del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite. Respecto a los ingresos, los totales del año anterior deberán ser inferiores a la renta garantizada anual.
Por ejemplo, según ha dicho, en el caso de una unidad de convivencia con dos adultos y dos menores, sus ingresos en el año anterior no deben superar los 10.500 euros. «Y también se puede solicitar si durante el tiempo transcurrido del año actual se han obtenido ingresos que en términos anuales estarían por debajo de la renta garantizada. Esto permitirá atender a las personas que se hayan visto afectadas por una situación de pobreza sobrevevenida a causa de la Covid-19», ha añadido.
Según Iglesias, esta posibilidad ha llevado «mucho trabajo» al Gobierno porque normalmente se tienen en cuenta las rentas del año anterior. Sin embargo, ha insistido en que la crisis del coronavirus, con sus consecuencias económicas y sociales, se ha producido en 2020. «Por eso hemos estado trabajando mucho», ha insistido.
Preguntado por si está contento con la medida, ha reconocido que «podría haber cosas mejores» pero ha insistido en que «claro» que está «satisfecho», sobre todo, «dada la situación» y teniendo en cuenta que esta prestación «ha tenido muchas resistencias por parte de grandes poderes económicos y mediáticos» y que, según ha recordado, fue «definida por la oposición --en referencia a Vox-- como 'la paguita'».
Iglesias ha recordado la visita del relator de la ONU sobre pobreza, Philip Alston que «sacó los colores» a España. Antes de la pandemia, según ha precisado, el país ya tenía «una elevadísima tasa de pobreza» y ahora «se ha agravado», lo que ha llevado al Gobierno a «acelerar» la implementación de este ingreso mínimo vital.
Tras destacar el «excelente» trabajo con el equipo del ministro José Luis Escrivá, Iglesias también ha agradecido a todas las redes de solidaridad, bancos de alimentos, ONG, Tercer Sector y parroquias, entre otras, por ofrecer una red de seguridad a las familias en situación de necesidad.
«El ingreso mínimo vital es una medida de justicia social y de eficiencia económica. Se toma en serio uno de los fundamentos de la democracia, que es la redistribución de la riqueza», ha subrayado Iglesias.
Además, ha indicado que es un instrumento «especialmente útil para luchar contra la pobreza infantil» y ha añadido que es una medida «absolutamente imprescindible» para la recuperación económica porque «los recursos no van a acabar en un paraíso fiscal sino que van a ir directamente al consumo».
A su juicio, el ingreso mínimo vital es también «una cuestión de libertad» porque «no hay libertad si no se llega a fin de mes». Finalmente, lo ha definido como «una victoria de todos los colectivos y personas anómicas que han trabajando durante muchos años» incluso, según ha dicho «recibiendo insultos y descalificaciones».
Pobreza
El ingreso mínimo vital, pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Esta prestación llegará a 850.000 hogares. De ellos, un 16% de ellos son monoparentales que recibirán 100 euros más al mes. Los 100.000 hogares más vulnerables recibirán de oficio esta prestación a finales de este mes de junio, y oscilará entre los 462 y los 1.015 euros dependiendo de la composición del hogar.
«Una persona que viva sola tiene derecho a 462 euros, si no tienen ningún ingreso percibirá 462 euros. Pero si cuenta con ingresos de 200 euros, en ese caso recibiría 262 euros, la diferencia entre sus ingresos y el umbral de la renta garantizada», ha explicado Iglesias. También ha puesto el ejemplo de una unidad de convivencia de 2 adultos y 2 niños, que tiene derecho a una prestación de 887 euros.
Además, ha precisado que será compatible con otras rentas, incluidos los ingresos laborables, lo que «permite evitar la trampa de la pobreza», es decir, «la situación en la que alguien se ve obligado a elegir entre un empleo y aceptar una prestación social».
Asimismo, ha añadido que se establece un estímulo específico al empleo. «Si una persona que recibe esta prestación incrementa su ingresos laborales, una parte de sus ingresos no va a computar. Si consigue ganar 100 euros más al mes no se le restarían 100 euros de la prestación sino algo menos», ha puntualizado.
También ha precisado que se tendrá en cuenta el patrimonio, estableciéndose un límite de 16.614 euros para una persona que viva sola, que se irá incrementando por cada persona adicional hasta los 43.196 euros. Los beneficiarios, según ha dicho, deberán tener entre 23 y 65 años o desde los 18 años, si hay menores a cargo que lleven al menos un año de residencia legal en España.