El informe realizado por la Guardia Civil por encargo de la juez Carmen Rodríguez-Medel en el marco de la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la autorización de la marcha del 8-M concluye que a partir del pasado 5 de marzo «no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria de la COVID-19».
En el documento, de 83 páginas, también se afirma que a partir de la mencionada fecha tampoco se deberían haber celebrado unas y cancelado otras, «como al final terminó ocurriendo», en referencia a la convocatoria de la marcha por el Día de la Mujer en Madrid mientras se suspendía un congreso evangélico en la ciudad.
Según los investigadores de la Guardia Civil, en esas fechas ya existía un «profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como del control exhaustivo de la evolución de la misma, cuando menos con fecha 5 de marzo de 2020, y de cómo los mismos evidenciaron que el evento no se podía celebrar, precisamente por los riesgos que comportaba la concentración de personas».
El informe subraya en sus conclusiones que las «recomendaciones imperativas» que se transmitieron desde el Ministerio de Sanidad al «colectivo evangélico» y el «nivel directivo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones» son indicios de la «preocupación» de éstos frente a la pandemia y «su interés real por velar por la salud pública, precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios».